Jordi Faus es abogado y socio de Faus & Moliner

Hace unos días, un periódico de Barcelona de reconocido prestigio dedicaba dos páginas a la industria farmacéutica. Bajo un título genérico, “Análisis del papel de la industria farmacéutica”, se destacaba que “un ensayo y una novela plantean los límites éticos del negocio de los medicamentos”, y se promocionaba, en definitiva, la publicación de dos libros donde al parecer se describen prácticas ilegales que los laboratorios llevan a cabo para conseguir que los receten sus productos. Asimismo, se denuncian irregularidades de todo tipo en el terreno de los ensayos clínicos. Todo ello respaldado, además, por unas declaraciones del jefe de farmacología del hospital Vall d’Hebron, que manifiesta estar preocupado porque, según él, las autoridades no se preocupan por saber qué efectos positivos y negativos tienen los medicamentos. Lo de la imagen de la industria farmacéutica es algo que no deja de sorprenderme desde hace tiempo. Nadie puede dudar que actualmente, si vivimos más y mejor, a pesar de todas las agresiones que nuestra existencia causa al medio ambiente, es gracias a los avances que se han producido en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Además, cualquiera que conozca un poco el entorno legal en el que opera la industria sabe que en la UE, en Estados Unidos, en Japón y en muchos otros países, un medicamento no llega al mercado sin que su seguridad, calidad y eficacia haya sido evaluada por una administración especializada. Las agencias de evaluación no son infalibles, pueden mejorar, pero no olvidemos que su trabajo se apoya recurrentemente en expertos externos independientes.

Por otro lado, cualquiera que haya tenido contacto con este mundo conoce los avances que se han producido en la regulación de los ensayos clínicos, en especial en lo que se refiere a la protección de los que participan en los mismos, o de cómo ha evolucionado el derecho internacional en materia de propiedad industrial para facilitar el acceso a ciertos medicamentos en los países en vías de desarrollo. Quien esté próximo al sector conoce los requisitos que se imponen en materia de farmacovigilancia, por no hablar de los que se aplican a la fabricación y distribución de medicamentos, así como la importancia que todos los aspectos relacionados con el uso racional del medicamento han cobrado en las legislaciones que se han aprobado desde finales de los 90. También han cambiado las cosas en el terreno de las relaciones entre la industria y los profesionales facultados para prescribir medicamentos, y no sólo mediante normas legales, sino especialmente a través de mecanismos de autorregulación que han demostrado ser un instrumento de lo más eficaz.

Pues resulta que a pesar de todo lo que se ha hecho en el terreno jurídico (sin entrar en la relevancia económica y social del sector) los laboratorios están bajo lupa, bajo sospecha. Y es que, cuando se trata de vender, nada como los mensajes sensacionalistas y los thrillers. Sigo pensando que la industria tiene que trabajar en su imagen abriendo sus puertas, pero querría acabar con un apunte final de carácter jurídico: confiemos que quienes tienen legalmente atribuida la competencia para ello sigan siendo los que evalúen los fármacos y quienes decidan qué productos pueden estar en el mercado y qué productos no. Que la vida de un medicamento dependa de lo que decidan las agencias regulatorias cuya actuación debe ajustarse a normas legales bien establecidas es razonable, que dependa de lo que decidan comités o profesionales a título individual carece de todo sentido.