Jordi Faus es abogado y socio de Faus & Moliner | viernes, 08 de junio de 2012 h |

El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias cree que el RDL 16/2012 vulnera competencias autonómicas

Supongo que han leído que la Generalitat de Cataluña que preside Artur Mas ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 16/2012 aprobado recientemente por el Gobierno central. Al anunciarlo, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, recalcó que la política del ejecutivo catalán es recurrir las normas que vulneren competencias autonómicas según el criterio del Consejo de Garantías Estatutarias. Imagino que no habrán leído el dictamen de este consejo. Es el dictamen 6/2012, de 1 de junio. De momento, está disponible en la web en catalán, pero en pocos días se podrá descargar la versión en castellano. Les recomiendo que lo lean cuando puedan, es un documento jurídicamente potente, del cual me permito destacar tres ideas en este breve comentario.

En primer lugar, se reconoce que la gravedad e incluso excepcionalidad de la situación justifican que el Gobierno central haya recurrido a la figura del real decreto-ley para aprobar su reforma sanitaria, pero se advierte que gravedad y excepcionalidad no son suficientes. Para recurrir a esta figura es necesario probar que se requiere una actuación urgente, lo cual, considero, no sucede en este caso. Prueba de ello es el periodo de cuatro meses previsto para la entrada en vigor de algunos de sus artículos. El Consejo de Garantías Estatutarias apunta que durante este plazo se podía haber tramitado el texto como proyecto de ley mientras se iban poniendo en marcha las medidas de aplicación, y que de hacerlo así se habrían evitado efectos indeseables que se pueden atribuir más a la precipitación que a la urgencia, por ejemplo la modificación de artículos vía la corrección de errores.

Del capítulo que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias dedica a las medidas sobre la prestación farmacéutica destaca la alegación de inconstitucionalidad de la discriminación en favor del genérico en caso de prescripción por principio activo e igualdad de precio. El Consejo de Garantías Estatutarias entiende que el Gobierno central no puede imponer esta regla porque al hacerlo invade la competencia de las autonomías en materia de gestión de las prestaciones sanitarias.

Para acabar, el Consejo de Garantías Estatutarias también se pronuncia en contra de la prohibición de que las autonomías establezcan de forma unilateral reservas singulares a las condiciones de prescripción o dispensación. Curiosamente, el razonamiento del Consejo de Garantías Estatutarias permite concluir que se opone a esta prohibición porque el propio Real Decreto-ley 16/2012, después de referirse a la misma, añade que “no obstante lo anterior, en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia podrá decidirse la excepción motivada por una o varias comunidades autónomas en razón de sus propias particularidades”. En cualquier texto legal, los “no obstante”, “however”, “toutefois” y similares, son fuente de conflicto. En este caso, el Consejo de Garantías Estatutarias argumenta que no se puede prever en un apartado que las autonomías no podrán adoptar ciertas medidas y en el siguiente que se podrán hacer excepciones; porque si se hace así no se puede defender que asegurarse que no existen situaciones especiales es un aspecto esencial, nuclear o imprescindible de la prestación farmacéutica sobre el que sólo debe legislar el Estado. Lo dicho, precipitación en la redacción de la norma, y más trabajo para el Tribunal Constitucional, un desastre.

@FausJordi en Twitter