La Directiva de Transparencia obliga a motivar la exclusión de fármacos del sistema de reembolso
| 2011-03-25T16:44:00+01:00 h |

Jordi Faus es abogado y socio de Faus & Moliner

Repasando alguna sentencia europea reciente, de aquellas pendientes de leer, me encuentro con una dictada por el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo el pasado 9 de diciembre de 2010, sobre un asunto abierto por la Comisión Europea contra el Reino de España. Resulta que en Bruselas estudiaron la forma en que las comunidades autónomas españolas aplicaban la normativa europea relativa a parques zoológicos y llegaron a la conclusión de que no lo hacían bien. Por ese motivo, se abrió un expediente, se corrigieron algunas cosas, desde Madrid el Gobierno central alegó aquello de que cumplir con estas normas es competencia de las administraciones autonómicas y, al final, el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo resolvió declarando que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la normativa comunitaria.

Ustedes ahora mismo se preguntarán: “¿Qué tendrán que ver los parques zoológicos con los medicamentos?”. Nada, nada, no se asusten. De lo que se trata aquí es de la relación entre el derecho comunitario, el cumplimiento por España de las obligaciones resultantes de los tratados europeos y las actuaciones que las comunidades autónomas llevan a cabo en el ámbito de los medicamentos. Pero no se crean que es una relación lejana con la sentencia a la que me refería. Miren ustedes, en el debate que se está produciendo actualmente respecto de las medidas que algunas comunidades autónomas están adoptando en el ámbito de la prestación farmacéutica falta por decir que la jurisprudencia europea tiene bien sentada una idea que conviene recordar: cualquier medida nacional dirigida a controlar los precios de los medicamentos para uso humano o destinada a restringir el número de medicamentos cubiertos por los sistemas nacionales de seguridad social debe cumplir los requisitos de la Directiva 89/105. Sí, se trata de la famosa Directiva de transparencia, ésa que se aprobó hace más de 20 años y que, a pesar de todo, todavía sigue en vigor.

La Directiva de transparencia obliga a todas las autoridades de todos los Estados miembro, y por tanto también a las comunidades autónomas españolas, si es que son competentes para adoptar alguna decisión en materia de financiación de medicamentos. ¿A qué obliga esta directiva europea? Pues entre otras cosas, por ejemplo, a que las decisiones de exclusión de una categoría de medicamentos del sistema de reembolso sean motivadas, basadas en criterios objetivos y comprobables. A que, además, deban estar publicados con anterioridad a la toma de la decisión, o a que las decisiones de exclusión individualizada se comuniquen al interesado, indicando los motivos en los que se fundamenta esa decisión, e informando de los recursos que procedan.

En fin, que cualquier administración autonómica española, antes de tomar decisiones sobre financiación de medicamentos, debe analizar si realmente es competente o no para ello. Esto es lo primero que se debe hacer. Si para concluir que sí es competente construye alguna argumentación jurídica singular, que seguramente así será, deberá en todo caso asegurarse de que su actuación respeta las normas europeas. De lo contrario, ya saben, puede pasar que una vez más el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo tenga que declarar que el Reino de España (aquí las comunidades autónomas no juegan) no ha cumplido con sus obligaciones.