Dicen en las tertulias políticas que Mariano Rajoy no mata, solo deja que los otros se suiciden. Ocurrió con el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y la reforma de la Ley del Aborto y la historia se repitió la semana pasada con Ana Mato, por su vinculación con la trama Gurtel. La ex ministra de Sanidad logró resistir las embestidas por la reforma sanitaria y la gestión del ébola, pero no pudo seguir en sitio en vísperas de un Pleno del Congreso clave en la lucha contra la corrupción. La dimisión de Mato abre la puerta al balance de una gestión que no ha dejado a nadie indiferente. Si Mato ha hablado, y mucho, de la herencia recibida, la suya no será menos mencionada en los meses venideros.
Mato llegó al Ministerio con una oportunidad de oro para conseguir lo que otros no pudieron. Al inicio de su mandato, el Pacto de Estado por la Sanidad era posible y más necesario que nunca, teniendo en cuenta el momento crítico que atravesaba el SNS. Con él resurgían las esperanzas además de poder establecer una política farmacéutica con el consenso de todos. Pero ambas esperanzas se diluyeron tan pronto como la ministra se reunió con todos los agentes, incluyendo una iniciativa pionera que llevó al Paseo del Prado a todos los portavoces del Congreso.
Acompañada siempre por la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, Mato repitió a todos su voluntad de llegar a acuerdos y fomentar el diálogo, convirtiendo al ministerio en un lugar de acuerdos, y no de confrontación. Sin embargo, no hubo más diálogo ni más reuniones. El 1 de febrero de 2012, Mato realizó la primera de sus comparecencias en el Congreso. Prometió mucho y no concretó nada. De los misterios que guardaba en su cajón sólo quedó claro que no eran facturas, pues había dejado claro que uno de sus objetivos era acabar con la lacra de los impagos en el sector. Y lo consiguió, aunque con matices, ya que la nueva deuda generada con los proveedores sigue reclamando medidas estructurales, agravados por la ausencia de una reforma del sistema de financiación.
En su declaración de intenciones ante la Cámara Baja, la ministra no citó el copago ni el ‘medicamentazo’ dentro de su “nuevo modelo” de prestación farmacéutica. Sí apostaba por incluir “criterios de eficiencia”. Para conocer la propuesta habría que esperar hasta el Consejo Interterritorial, el foro a través del cual la ministra quería aglutinar el acuerdo sobre el nuevo modelo.
Si algo se desprendía de esta comparecencia de la ministra es que el Interterritorial ejercería por fin el papel que venía reclamando hace tiempo, un foro de coordinación del sistema en lugar de una tercera cámara parlamentaria de enfrentamiento. De nuevo, la realidad imperó, y lo hizo a través del Real Decreto-ley 16/2012. Varios consejeros criticaron que a su visto bueno sólo se sometió un documento muy general, que no detallaba muchas de las medidas aprobadas por la vía de la urgencia.
La herencia recibida y las presiones de los mercados llevaron a que la “nueva política farmacéutica” que el PP prometió en su programa electoral se estableciera a base de Real Decreto-ley y con el único apoyo de las comunidades del PP. En seis meses, la reforma Mato dio un giro copernicano a la factura farmacéutica y revolucionó la asistencia sanitaria, entre gritos de la oposición y mareas blancas que han inundado las calles al ritmo de otras medidas autonómicas.
El clamor contra el 16/2012 se hizo palpable en el informe del Defensor del Pueblo, que le hizo responsable de que las quejas sanitarias se triplicaran en un año. Mientras la sanidad pasaba a ser una de las primeras preocupaciones en las encuestas del CIS, Mato hacía oídos sordos a las peticiones de comparecencia de la oposición, incluso a una a petición propia para explicar el Real Decreto-ley. Durante once meses fue a las sesiones de control al Gobierno para defender su reforma, pero nada más.
Esta defensa también derivó en ataques contra las comunidades que intentaron salirse del Real Decreto-ley popular: el Gobierno ha llevado al Constitucional las subastas andaluzas, el euro por receta, la insumisión al copago farmacéutico o a la exclusión de los inmigrantes de la asistencia sanitaria pública. Y así llegó su segunda comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, un año después de la primera. Acumuló más de 50 asuntos, protagonizados por su empecinamiento en no tocar ni una coma de su reforma.
Rajoy siguió confiando en ella aún cuando su popularidad bajaba. A principios de 2013, su supuesta vinculación con la trama Gürtel resucitó las peticiones de cese o dimisión. Pero aguantó el chaparrón y continuó en el Ministerio. Cuando todo parecía estabilizado y pudo seguir presumiendo de éxitos (un calendario vacunal común —que no único— y nuevos ahorros por las centrales de compras) y algún que otro fracaso (dos copagos retirados y la nula implantación del copago farmacéutico hospitalario), el ébola colocó de nuevo a la ministra en la picota, relegada a un segundo plano por detrás de Soraya Sáenz de Santamaría.
Y aún así, aguantó. Hasta que el auto del juez Pablo Ruz la nombró “partícipe a título lucrativo” de los negocios turbios de su ex marido, Jesús Sepúlveda. Mato deja a su sucesor una herencia incómoda: lidiar con las consecuencias de su reforma y reflotar la confianza del electorado para los próximos comicios.
