carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 24 de enero de 2014 h |

En pleno bache por la ‘guerra de los copagos’, la reforma sanitaria de Ana Mato sigue adelante con una gran asignatura pendiente: la evaluación del Real Decreto-ley 16/2012. El Ejecutivo sigue dando la callada por respuesta ante una petición reiterada por activa y por pasiva por la oposición en el Parlamento, profesionales, pacientes e incluso algunas comunidades. Preocupados por el impacto que algunas medidas adoptadas para afrontar la crisis económica y financiera están teniendo en el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos en Europa, una nueva agrupación de colectivos y expertos ha decidido dar un paso al frente y asumir esta tarea.

El seguimiento sobre el impacto en el acceso a los fármacos que está teniendo el 16/2012 y las medidas introducidas en España de copago farmacéutico es una de las piedras angulares del Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI), que la semana pasada se presentó formalmente en el Ateneo de Madrid. Existe, a juicio de sus integrantes, “evidencia convincente” de que se ha deteriorado sustancialmente el acceso de los colectivos más vulnerables a los servicios de salud y a los medicamentos, a pesar de que aún no se dispone de información rigurosa ni de estudios concluyentes al respecto.

Hasta la fecha, solo la Generalitat catalana ha llevado a cabo una evaluación sobre el impacto del euro por receta, el copago por renta y la desfinanciación a los tres, seis y diez meses (ver gráfica) de aprobarse la primera de estas medidas. Dicho trabajo, sin embargo, centra su impacto en el número de recetas facturadas para concluir el “elevado impacto” que el euro por receta tiene sobre la demanda de medicamentos. En sus consideraciones finales, los autores constatan que “falta por conocer qué grupos de pacientes y grupos terapéuticos se han visto más afectados por la reducción del número de recetas, con el fin de evaluar tanto la potencial reducción del consumo excesivo de medicamentos (riesgo moral) atribuible a la gratuidad previa de los medicamentos, como su efecto sobre la equidad en el acceso y posibles efectos no deseados que podrían tener sobre la salud”.

Esta evaluación está en curso, pero ya no solo por parte de los técnicos de la consejería de Salud de Boi Ruiz. El GTSMI recuerda que es responsabilidad de los poderes públicos establecer sistemas de información que permitan identificar estos efectos. Pero a día de hoy “ni las autoridades españolas ni la Comisión Europea” han realizado esos estudios.

La tarea no es sencilla. Su análisis de la situación en España indica que la confluencia de la inercia de “excesivo gasto farmacéutico” que ha caracterizado al SNS, unido a “la falta de un sistema de evaluación realmente prescriptivo que informe de la política farmacéutica y las iniciativas de trazo grueso de los legisladores mediante limitaciones explícitas (copagos) e implícitas (barreras y ralentización en los procedimientos) a la utilización de los medicamentos”, complica aún más la capacidad de describir un diagnóstico sobre el impacto en la salud de las medidas introducidas por el Gobierno.

Desde la perspectiva integral del GTSMI, el problema empieza en la I+D de los medicamentos. Por ello, otra de sus líneas de acción pasa por fomentar la adopción de “prácticas alternativas” que solventen las deficiencias del actual modelo de innovación biomédica. A su juicio, las compañías siguen estancadas en un “modelo de mínima innovación y máxima promoción (…) consiguiendo ventas masivas de productos iguales o peores que los más antiguos pero a precios mucho más elevados”. Todo ello, continúan los expertos, contribuye a una pérdida de eficiencia del gasto público “y como los copagos no distinguen entre medicamentos útiles y los que no aportan valor”, se están observando dificultades en el acceso a productos realmente necesarios, mientras se refuerza un modelo de negocio “socialmente irresponsable”.

A este respecto, Joan Rovira, economista y miembro del GTSMI, sostiene que “la I+D biomédica debe financiarse adecuadamente y es probable que requiera más recursos; pero hay que hacerlo con mecanismos e incentivos que aseguren que las innovaciones supongan un aportación real a la salud y el bienestar social y faciliten un acceso equitativo a las mismas”.

-24,8%
El efecto acumulado catalán

El número de recetas dispensadas en Cataluña se redujo en un 13,3 por ciento a los tres meses de que se empezara a aplicar el euro por receta y un 24,8 por ciento a los diez meses. En ambos casos, su comportamiento fue el mejor de todo el SNS.

-7,7%
el efecto del tope andaluz

De todas las regiones que aplicaron el copago, Andalucía fue la única que desde el principio aplicó los topes. Es, de todas, la que tiene una disminución menor en el número de recetas a los diez meses de que se adoptara el euro por receta catalán.

-4,4%

el efecto de la rebelión vasca

En el País Vasco no hubo ningún cambio, aparte de la desfinanciación, que sí aplicó. A los tres meses de que se aplicara el euro por receta era la única que creció en número de recetas (3,8) y fue la que menos las había disminuido a los diez meses.