Santiago de Quiroga
Estamos acostumbrados a ver en estos últimos años un puñado de personas (en algún caso con una bata prestada, que no eran ni médicos ni enfermeros) que en las inauguraciones de hospitales en la Comunidad de Madrid protestaban contra la “privatización de la Sanidad”. Esto no se producía en Cataluña, ni en el País Vasco ni en Andalucía, ni en Galicia.
Pero lo que sucedió la semana pasada en Cataluña es otra cosa. Esta vez sí son los médicos y enfermeros, 40.000 hombres y mujeres que trabajan en la Sanidad pública catalana, que se oponen al recorte de salario de 45 millones de euros en tres meses. ¿Puede un Gobierno provocar deliberadamente a 40.000 trabajadores cuyos salarios se sitúan en el puesto 14 de la UE? Los sindicatos de médicos y enfermeros ya han pedido la dimisión del consejero de Salud, Boi Ruiz, mientras que en el Hospital Clínico votan sobre si quieren recortes de salarios o despidos. Pregunta trampa que indicará si hay solidaridad o si hay penuria en quien no puede ceder su salario. Como los médicos son así, anuncian huelgas raras, diciendo que operarán gratis, que trabajarán en plantas cerradas para ahorrar y que la huelga será indefinida, o la insumisión.
Esto no es una sorpresa para el Gobierno de la Generalitat. Sabían que esto pasaría. Una revuelta social ofrecería la “urgencia” de un pacto fiscal.
