Santiago de Quiroga
Algunas voces se han alzado contra el despilfarro, dicen, de las duplicidades de las 17 autonomías. No deja de ser algo implanteable devolver competencias al Estado por una cuestión económica. La Constitución y una parte de la ciudadanía no lo aceptarían. Pero hay otras opciones para evitar que la desesperación arraigue en políticos y gestores sanitarios, y comience un desfile de medidas tan peligrosas para el sector como extravagantes (como, por ejemplo, el concurso de Andalucía). ¿Qué ocurriría si las autonomías cedieran competencias por necesidad? Bastaría una encomienda de gestión al Estado, al Ministerio de Sanidad (si todavía existe), en el que las consejerías, agobiadas por la presión financiera, traten de buscar acciones conjuntas, preferiblemente consensuadas.
Se habla de una central de compras, pero hay en esta medida aspectos de carácter práctico, como la manera en que el Gobierno central puede obligar a una comunidad a comprar al precio pactado en su central. La fórmula que sea será un intento de buscar economías de escala, descuentos y eliminación de la variabilidad.
Algunos dicen que la calidad deberá congelarse, que la investigación tendrá que ralentizarse, porque se han gastado lo que no tenían. Clínicos, pacientes, gestores, políticos y proveedores van a vivir un nuevo escenario con nuevas reglas.
