| viernes, 09 de julio de 2010 h |

Santiago de Quiroga

No seré yo quien entre en un debate que a estas alturas no debería ser político, pero es difícil que no lo sea cuando el Gobierno ha comunicado a las Cortes españolas las cuestiones clave del momento: pensiones, reforma laboral y mercado financiero, sumando a éstas una cuarta que entiende vital para el contexto actual: el aborto. La ley se aprueba en marzo de este año, el 26 de junio el Gobierno impulsa los dos decretos que desarrollan la ley, y dos días después los consejeros de Sanidad reciben una carta advirtiendo que la Alta Inspección estará muy pendiente de la aplicación de la ley.

Creo que si de verdad se quiere ayudar a que se interrumpa el embarazo (insisto, ideologías aparte) uno no debe ofrecer nada más que ayuda, y es exactamente lo que no ofrece el Gobierno. Estamos ante una nueva prestación sin consignar recursos económicos. El médico puede objetar porque le ampara la ley y la Constitución, y eso obliga a tener un grupo de médicos y enfermeros que puedan hacerse cargo de la interrupción voluntaria del embarazo. Y si el sector privado debe participar (espero que no le moleste a los que ven en la sanidad privada una amenaza cuando son una ayuda como en este caso) habrá que aclarar cómo. Una ley que empezó en el Ministerio de Igualdad de Bibiana Aído y no en el de Sanidad de Trinidad Jiménez, y que esperemos que no perjudique a las mujeres afectadas.