Santiago de Quiroga
Se veía venir. El debate ya está en el sector sanitario y es cuestión de días que empiece a ser actualidad en medios generales. Y lo será, porque los pacientes son los afectados. Hace dos semanas la Sociedad Española de Reumatología (SER) lo denunció. Su presidente, Eduardo Úcar, defendió la libertad de prescripción para asegurar el mejor tratamiento a los pacientes. Organizaciones de diferentes ámbitos ya lo advertían y denunciaban: el Consejo Económico y Social, Facme, Semergen, el Defensor del Pueblo, la Alianza General de Pacientes… ¿Necesitamos que alguien más lo advierta? La administración sanitaria no es una organización prescriptora, no tiene ni credibilidad ni capacidad de orientar a los médicos, porque no es su cometido.
La formación del médico es la clave. Y es cierto que la industria juega un papel que deberían realizar las administraciones, que no hacen. Sus detractores afirman que Internet abre a todos los médicos la formación. Y los que la apoyan saben que puede haber sesgos cuando está patrocinada. Al final, es el individuo, cada médico, quien tomará sus decisiones. Si se cuestiona la ética de los intereses alrededor de un medicamento, cuestionemos también a una administración sanitaria que “bloquea” un medicamento porque le parece caro. Más coercitivo este caso, porque el medicamento puede ser el idóneo, y eso es lo que importa.
