En noviembre de 2002 se aprobó la Ley 41/2012 de autonomía del paciente bajo el gobierno del PP y siendo ministra Ana Pastor. Sin duda una de las grandes leyes que dotó al paciente de derechos y deberes. Han pasado diez años y 2012 puede ser también el año de los derechos y deberes colectivos de los pacientes. Las organizaciones de pacientes son conocedoras de las inquietudes de sus asociados, del conocimiento de la enfermedad y desarrollan una labor sociosanitaria encomiable. Sus procesos de participación internos las convierten en interlocutores válidos con las administraciones, pero sus derechos y deberes no están recogidos en ninguna normativa.
Desde la Alianza General de Pacientes (AGP) y a través de su presidente Alejandro Toledo, se ha trasladado a la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, su preocupación por dos ámbitos: la necesidad de establecer un diálogo y la supervivencia económica de las mismas. Una cosa lleva a la otra. Es momento de ser creativos y priorizar en los recursos económicos, tanto en la asistencia sanitaria como en las organizaciones de pacientes. Nadie mejor que quien fuera medalla de los pacientes de la AGP, como la secretaria general de Sanidad, para hablar sobre la participación y el diálogo. Una oportunidad de legislar donde otros fracasaron.
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