No le falta razón a la ministra Ana Mato cuando dice que las medidas responden a una situación de emergencia. La batería de medidas es amplia, e incluye algún ahorro con dudas razonables de si será alcanzado. Excepto las medidas que afectan al ‘turismo sanitario’, que pretende ahorrar mil millones, y la de ‘eficiencia energética’, de otros 600 (muchas luces a apagar en los centros sanitarios, me temo), el resto son medidas del ámbito farmacéutico. Se actúa sobre el 17 por ciento del gasto sanitario. Al final, entre unas y otras medidas, el mercado farmacéutico español (calle y hospital) podría reducirse entre un 35 y un 40 por ciento de lo que era antes del inicio de las medidas (¡Que parece que no han dejado nunca de producirse y se remontan a varios años atrás!). Merece una reflexión.
Respecto a la modificación del copago, quien diga que se perjudica a un jubilado haciéndole pagar ocho euros al mes o 18, según la renta, exagera. Al jubilado se le perjudica si la Sanidad quiebra. Es hora de ponerle sentido y proporción a las medidas anunciadas, y evitar la demagogia. Rafael Bengoa, consejero del País Vasco, ha demostrado que se puede estar más o menos de acuerdo con sentido común (como es habitual en él), mientras que Andalucía, con su ‘ausencia’ del CIS y su oposición a todo, huele a naftalina.
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