La Junta de Andalucía sigue adelante en su política de restricciones que tienen en el centro de su plan médicos, farmacéuticos e industria. El disparate tiene incluso la oposición de la Organización Médica Colegial (OMC) que ha dejado claro que debe haber libertad de prescripción no para beneficio del médico, sino del paciente. El médico tiene criterio para decidir qué es lo correcto. No tiene sentido ni legalidad que alguien decida que un medicamento es igual a otro (hablamos de diferentes principios activos, porque no es así.
Quizás sea la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) la que pueda confirmar o desmentir si dos medicamentos son equivalentes, y para eso necesitará estudios clínicos, claro. Y la Aemps, dirigida por Belén Crespo, ha dado muestras sobradas de hacer bien las cosas. La eficacia y seguridad de los medicamentos no puede igualarse por decretos autonómicos. Los médicos no pueden ejercer su profesión en una consulta donde alguien decide que el medicamento que deseaban prescribir es igual a otro. Lo decidiría alguien que no se encuentra en esa consulta. ¿Asumirán también los efectos adversos? A la oposición esperada de las compañías, se le unen los médicos de la OMC. Ahota también las asociaciones de pacientes. Pero la Junta no habla ni con médicos ni con pacientes. ¡Para qué!
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