Santiago de Quiroga
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comunicado a los boticarios andaluces que devolverá todas las recetas que no se dispensen a precio menor, ya que el concierto no estará en vigor, y de esta forma se aplicará la Ley de Garantías. Una cláusula que permitía el sentido común, ya que si no había stock del más barato, el farmacéutico podía escoger uno que se le aproximase. Y es que, el hecho de que un medicamento esté registrado con su precio aprobado en el Ministerio de Sanidad, no garantiza que esté si quiera comercializado o, lo que es más frecuente, que tenga suficientes existencias. No es una cláusula de privilegios, es una cláusula para que el sistema funcione. Y para que la farmacia pueda dispensar los medicamentos debe poder tener un margen de gestión de su stock, como cualquier empresa. La administración no está para decirles a las empresas cómo gestionar su stock, entre otras cosas, porque la administración no entiende de esto, ni lo necesita.
Si se trata de una “rabieta” por la negativa del Cacof a firmar el Plan de Estabilidad, deberíamos preocuparnos de las consecuencias del empecinamiento del SAS: que los andaluces van a tener dificultad para obtener algunas de sus medicinas, y habrá que exigir responsabilidades. Como dice Manuel Arenas, presidente del Cacof, el asunto es tan serio como el medicamento.
