La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) insiste en un comunicado sobre la necesidad de poner coto a las barreras a recibir el tratamiento idóneo. Prescribir lo necesario para el paciente no está reñido con hacerlo pensando en la sostenibilidad, pero limitar de forma burda la prescripción, y que sea sustituido administrativamente por otro con la misma indicación, nos pone a un metro de la máquina expendedora “producto agotado, vuelva mañana”. La sinrazón administrativa roza la osadía en Andalucía, con el asombro de los médicos que ven cómo la administración les tutela ahora lo que deben prescribir al paciente oncológico, entre otros.
La SEOM se une a Facme y a la OMC que han alertado del peligro, pero eso no parece que les afecte mucho a la consejería de Sanidad andaluza, que reclaman un diálogo en otros asuntos que no están dispuestos a mantener en su propia tierra. En cáncer la selección de uno u otro tratamiento constituye una decisión crucial que no deja espacio a las decisiones administrativas. Afortunadamente, el artículo 89.1 de la Ley de Garantías, dice que las comunidades “no podrán establecer reservas de prescripción”. El uso de los mejores tratamientos oncológicos es un derecho irrenunciable. Es cuestión de vida o muerte.
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