| viernes, 04 de febrero de 2011 h |

Santiago de Quiroga

Lo habían afirmado desde EG, tal y como se decía, pero era una duda razonable si, finalmente, el Ministerio de Sanidad lo llevaría al Consejo de Ministros, único órgano que puede remitir una regulación autonómica al Tribunal Constitucional. El Gobierno ha recurrido la Ley de Racionalización del Gasto Farmacéutico de Galicia ante el Tribunal Constitucional. Una vez admitida a trámite, se suspenderá su aplicación cinco meses y habrá que esperar una resolución. El Constitucional deberá decidir si la política farmacéutica sigue como competencia del Estado, tal y como afirma la propia Constitución, o se inicia una fragmentación acelerada del mercado farmacéutico. La propia aplicación de la política farmacéutica ya está proporcionando a las comunidades un margen de actuación amplio que ofrece una imagen de falta de cohesión en España. Las diversas fórmulas que se están aplicando para contener el gasto así lo demuestran.

Ahora falta ver si Andalucía tomará buena nota de sus acciones en ese sentido. Con la firme oposición de los colegios y el consejo autonómico, la Consejería de Sanidad andaluza quería incorporar las subastas de medicamentos para el suministro a las oficinas de farmacias. Todo un derroche de imaginación que no veían con buenos ojos ni médicos, ni farmacéuticos, ni la industria ni el ministerio. Todo un mérito: Andalucía consigue unir a todos frente a sus iniciativas. El rodillo ahora se tambalea.