Santiago de Quiroga
Agosto ha sido el mes escogido para lanzar una nueva resolución sobre los “criterios de utilización de medicamentos en los centros del Servicio Andaluz de Salud”. El Servicio Andaluz de Salud, pionero en 2002 con la Guía Farmacoterapéutica de Hospital, ha reforzado y extendido el ámbito de aplicación de esa financiación selectiva autonómica que inaugura. Nadie duda que la eficiencia es un objetivo a perseguir, pero reevaluar algunos medicamentos debido a su especial impacto social y económico, según cita la resolución textualmente, parece más una segunda aprobación, que seguiría a la ya realizada por el Ministerio de Sanidad. Para ello, la resolución se ampara en el artículo 59 de la Ley 22/2007 andaluza, que menciona las comisiones de los centros. También recuerda que como la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional del Medicamento no ha desarrollado el procedimiento ni la estructura organizativa para la evaluación económica, se requiere que los hospitales andaluces, de forma homogénea, se ajusten a una financiación selectiva de medicamentos hospitalarios. No le faltan bríos al Servicio Andaluz de Salud al afirmar que es necesario reforzar las medidas que garanticen un uso racional. Pero se abren muchos interrogantes: medicamentos aprobados que en Andalucía pueden ser excluidos de esta forma; la comisión que decidirá —funcionarios—; la cohesión respecto a otras autonomías… Demasiados interrogantes.
