| viernes, 16 de septiembre de 2011 h |

Santiago de Quiroga

El dinero de la cosa pública se ha despilfarrado en este país y en otros. Hasta le ha llegado a The Wall Street Journal el mensaje de que España debe reorientar sus gastos, y duda de que la sanidad y las comunidades autónomas puedan seguir como se han diseñado. Sí, la estructura de las comunidades está siendo cuestionada a los asesores de Mariano Rajoy desde instancias internacionales: chiringuitos, supervisores de nubes, enchufes, subvenciones y todo lo que ya no puede soportar la Sanidad, debe ser eliminado, como ya se está planteando. Ha tenido que haber cambio de gobiernos autonómicos para levantar las alfombras.

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha solicitado en el Congreso que el despilfarro de dinero público sea tipificado como delito. Yo la animaría a incorporar la “privación de un servicio vital” que sea un derecho con la pretensión de ahorrar. Lo llamaría “ahorro temerario”. El daño podría hacerse tanto a una persona física (paciente) como a una jurídica (empresa). Lo temerario es cargarse el tejido industrial y la competitividad de España. Y es temerario querer decidir el tratamiento médico desde un despacho de un funcionario y eliminar el papel clave del médico; su responsabilidad ética y su libertad de decidir lo mejor para el paciente.