Santiago de Quiroga | viernes, 04 de enero de 2013 h |

Hacer las cosas “en beneficio del pueblo” es una intención que se repite en regímenes marxistas o dictatoriales. Introducir un cambio legislativo que permita que la titularidad de la farmacia no sea de un farmacéutico (y que pueda ser propietario alguien que no sea responsable de las actividades profesionales), no beneficia al ciudadano. No hay libre competencia con precio intervenido. Sí tiene, por otro lado, un coste para la salud pública: el interés solo en el beneficio (sin la responsabilidad profesional del propietario farmacéutico) puede afectar a la seguridad del paciente. Pero la pregunta es ¿Qui prodes? ¿A quién beneficia un cambio legislativo sobre la propiedad de la farmacia?

Si yo fuera representante de una empresa de las llamadas “grandes superficies” y el presidente del Gobierno me preguntara qué necesito para sortear la crisis, una de las cinco peticiones incluiría poder entrar en el sector del medicamento. Un bien para las grandes superficies que lleva asociado un mal que perjudica gravemente a la farmacia española. Parece un camino trazado con el fin de poner las farmacias en una situación financiera insostenible: Reducción de márgenes (incluyendo a la distribución), bajadas de precios, reducción de la factura farmacéutica e impagos. Farmacias baratas. Solo falta quien llegue y las compre baratas, un sector arruinado a golpe de reales decretos. Injusto, pero también innecesario.

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