El pacto entre PP y CiU para sacar adelante los presupuestos catalanes, que incluyen avances importantes en uno de sus principales escollos, el euro por receta, puede ser determinante a la hora de alcanzar un acuerdo para el pacto nacional en Sanidad. Sin embargo, a pesar de los compromisos alcanzados, que dejan la puerta abierta a nuevos recortes si el contexto así lo precisa, el futuro de la tasa farmacéutica catalana continúa en el aire. Una estrategia de última hora de ICV-EUiA y el Grupo Mixto forzó el aplazamiento de la votación de la Ley de Acompañamiento del proyecto. Ambos grupos parlamentarios han solicitado al Consejo de Garantías Estatutarias que dictamine si medidas como el euro por receta o la tasa turística se ajustan al Estatut.
Esta petición no solo impide votar la norma hasta conocer el fallo del órgano consultivo, algo que podría resolverse o un mes o en pocos días si este organismo opta por la vía urgente. De ello dependerá que trastoque o no los planes de ingresos de la Generalitat.
Cataluña ha aprobado, con el apoyo del PP, sus presupuestos para 2012, que incluyen importantes medidas de control del gasto sanitario. El esfuerzo da sus resultados, según Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, pero no los suficientes para que el sistema sea sostenible. El Grupo Parlamentario Catalán exige que el Estado participe en la tarea, “ya que, hasta el momento, no lo ha hecho”.
Así se lo expuso Duran i Lleida a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en una interpelación sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. Con ella, el Grupo Parlamentario Catalán quiere emular lo que hizo en 1993, al presentar la Proposición No de Ley que finalmente dio lugar al Pacto de Toledo para las pensiones. Esta misma semana lleva el pleno una moción para pedir la creación de una ponencia o subcomisión que estudie el problema y permita llegar a un pacto como el de las pensiones.
Lo novedoso es que no se abordaría en la Comisión de Sanidad, como ocurrió en la pasada legislatura, sino en la de Hacienda, lo que añade matices al pacto que quiere CiU. Su propuesta, de hecho, invierte los términos en los que el ministerio lo ha planteado, y que antepone la reforma de la Ley de Servicios Básicos al debate de cómo se financiarán dichos servicios. Las comunidades tienen transferidas las competencias de gasto, pero no “las decisiones de lo que luego se transforma en gasto”, por lo que CiU cree que debe ser el conocimiento de los recursos disponibles lo que determine la cartera de servicios.
Dos ejemplos: los 66 millones de euros por un medicamento para prevenir el ictus y la embolia sistémica o los 30 millones por tres anticonceptivos orales cuyo desembolso la Generalitat no pudo evitar. “¿Por qué las comunidades no pueden intervenir en la aprobación de unos medicamentos que difícilmente después pueden financiar? ¿Por qué el Estado no financia el aumento de gasto que deriva de esos nuevos medicamentos, de estos nuevos acuerdos?”, preguntó Duran i Lleida.
La postura de los grupos se conocerá esta semana, durante la votación de la moción correspondiente. El nuevo portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, le da un voto de confianza, aunque a la propuesta de CiU de crear una ponencia en la Comisión de Hacienda añade que hay que “buscar la perspectiva sanitaria al debate”. Además, el grupo socialista cree importante “que haya líneas rojas” a la hora de garantizar un sistema “público, gratuito y que alcance la suficiencia financiera sin recortes de derechos”.
Cabe añadir que Cataluña no es la única comunidad que ha alertado sobre la amenaza que la deuda sanitaria supone para la viabilidad de las autonomías. Así se expresó la consejera de Sanidad de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la presentación de un informe que cifra la deuda regional en medicamentos y productos sanitarios en 261 millones de euros al finalizar 2011. Estos datos se complementan con las 83.052 facturas que el gobierno dice haber sacado de los cajones. Cantabria tiene deudas con 812 proveedores sanitarios, de los cuales 142 son pymes cántabras. La mayor parte de la deuda, 173 millones de euros, la concentran 34 grandes empresas, con deudas unitarias por encima de los dos millones de euros.
El informe cita también el problema que supone la deuda sanitaria a efectos de déficit. Cantabria ya asume que la deuda sanitaria le hará desviarse del objetivo de déficit fijado para 2011.
No es gasto, es dispendio
Aunque todavía defiende su versión del pacto, Mato sí se mostró dispuesta a reducir la escalada de la factura sanitaria. “Debemos poner freno a un gasto sin control que acaba convirtiéndose en dispendio, mientras paradójicamente los proveedores dejan de cobrar o las facturas sin pagar se acumulan en los cajones”, manifestó.
Precisamente a este dispendio se refiere un estudio realizado por investigadores del Servicio Canario de Salud en colaboración con la Fundación Kovacs, que reafirma la tesis de que hay margen de acción en el terreno de la eficiencia antes de acometer nuevos recortes. Según sus conclusiones, un 60 por ciento de los recursos destinados a tratamientos rehabilitadores para los pacientes con dolencias cervicales, lumbares y de hombro, las causas de consulta más frecuentes en AP, se han invertido en procedimientos “carentes de fundamento científico o comprobadamente inútiles”.
El grupo Catalán presentará esta semana una propuesta para la constitución de la Comisión del Pacto
Mato cree que hay que poner “freno a un gasto sin control que acaba convirtiéndose en un dispendio”