carmen m.lópez Madrid | lunes, 17 de marzo de 2014 h |

El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se reunió la semana pasada en la Asamblea anual para abordar asuntos relativos a su regulación interna.

Cuestiones como el informe de gestión, el balance del año 2013 o el presupuesto para el 2014 fueron abordadas durante la sesión. Otra de los temas que salío a colación fue la aprobación del borrador del reglamento disciplinario del sindicato.

Según ha señalado a GACETA MÉDICA el secretario general de la Confederación, Francisco Miralles, esta normativa pretende “defender los estatutos de la organización y sancionar aquellos que no lo cumplen”, así como tipificar las faltas y en función de ello proponer unas sanciones para regular con los expedientes. En este sentido, Miralles ha resaltado que se trata de un tema preventivo y es necesario contar con él puesto que no existía regulación alguna. Una cuestión que ya salió a relucir durante el Congreso Nacional de la Confederación que se celebró el año pasado.

Finalmente y tras las alegaciones al borrador y algunos cambios por parte de las autonomías, esta normativa pretende legalizar de manera interna las actuaciones, de forma conjunta, de las organizaciones sindicales autonómicas y de los miembros de la Comisión Permamente del sindicato, pero no a los afiliados ni a los miembros de las directivas sindicales autonómicas a título individual, eso sí, este colectivo se regirá por el régimen disciplinario de sus respectivos sindicatos regionales.

Incumplimiento de acuerdos

De este modo, el documento contempla las actuaciones suceptibles de ser sancionadas como el incumplimiento de forma reiterada de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Confederal o por el Comité Ejecutivo, así como el incumplimiento injustificado de las obligaciones económicas que tienen los sindicatos autonómicos establecidas para el matenimiento de CESM. Unas actuaciones que pasarían a ser consideradas como faltas muy graves. En este sentido, si una organización cuenta con el impago de tres cuotas autonómicas consecutivas o con más de cinco, tendrían que pasar directamente por el reglamento disciplinario, aunque siempre se procederá a a estudiar cada caso de manera independiente.

Asimismo, las manifestaciones públicas gravemente vejatorias o que atenten en contra los afiliados, los órganos de gobierno y gestión o el personal contratado por CESM, y el falseamiento de documentos de la confederación o de las resoluciones de sus órganos de gobierno también pasarían a ser expedientadas. Para que se regulen estas “malas prácticas” deberán ser validadas por el Comité Ejecutivo, y la consecuente expulsión, destitución, baja por impago, suspensión temporal o sanción económica correspondiente.

Aunque el borrador estaba a falta de las alegaciones finales, Miralles asegura que con estas modificaciones sólo se han introducido cuestiones técnicas, por lo que el texto no se ha visto muy modificado. En definitiva, con esta normativa se podrán regular algunas actuaciones de las delegaciones autonómicas de la Confederación como la que se vivió durante los acuerdos suscritos por el Foro de la Profesión Médica y el Gobierno, el pasado mes de julio, que derivó en una crisis interna cuando varios sindicatos (Valencia, Baleares y Asturias) se opusieron a esta firma y algunos se llegaron a plantear abandonar la Confederación (Ver GM nº.479).