c. r. Madrid | viernes, 25 de abril de 2014 h |

Apenas un año después de que el Gobierno blindar a través de la Ley de Garantías la homogeneidad de la prestación farmacéutica en todo el territorio nacional, la Generalitat de Cataluña vuelve a bordear los límites competenciales. El Pacto Nacional de Salud, el documento que Boi Ruiz lanzó en mayo de 2013 para sentar las bases del futuro modelo sanitario catalán, ha llegado al Parlamento catalán con 83 propuestas de acuerdo, algunas de las cuales vuelven a plantear dudas razonables sobre posible invasión de competencias.

Por un lado, y pese a que tanto la Ley de Garantías como el Real Decreto-ley 16/2012 prevén un cauce para que las comunidades autónomas puedan mejorar o ampliar sus carteras de servicios con relación a las comunes del SNS, el documento catalán va más allá de la mera inclusión. En el ámbito de las prestaciones y catálogo de servicios, apuesta por “definir un procedimiento ágil de revisión de catálogo de servicios (introducción y exclusión) encabezado por un órgano con criterios técnicos de independencia y con conocimientos sobre cuidados, clínicos y económicos”.

Este punto no le ha pasado desapercibido a Farmaindutria. Es, junto con Fenin, uno de los actores de la industria que actúa como proponente del pacto, pero eso no ha impedido que también haya emitido un voto particular al mismo, para dejar constancia precisamente de que en el ámbito de las prestaciones “se deberá disponer de un catálogo básico que, de conformidad con la normativa estatal, asegure el acceso de los medicamentos en condiciones de igualdad” en todo el territorio español a todos los pacientes del Sistema Nacional de Salud. “Por lo tanto, se pueden establecer en Cataluña criterios para ampliar el catálogo de servicios, pero no para limitarlo”, recuerda la patronal, que añade que estas condiciones comunes de acceso en todo el territorio español constituyen un activo de gran valor para las empresas farmacéuticas.

Copago

No ha sido éste, sin embargo, el punto más polémico del documento. Las bases del Pacto sigue incluyendo la propuesta 37, que a fin de cuentas es la principal responsable de que solo CiU y ERC la vayan a defender en el Parlamento. El resto de los partidos, así como los sindicatos, se han dado de baja en este intento de Pacto por el punto 37, que insta a “considerar la aportación de los usuarios a determinados servicios y prestaciones como instrumento regulador de estos, aplicado en función del nivel de renta y excluyendo la población vulnerable”, garantizando que estos copagos no tienen una finalidad recaudatoria, ni se convierten en una barrera de acceso; que deben definirse los importes de aportación reducida ajustados al nivel de renta y que se establecerán límites máximos de aportación del tope anual.

Pese a ser también proponentes del documento, el Consejo de Colegios de Enfermería de Cataluña; la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad y el Foro Catalán de Pacientes han emitido votos particulares relativos al punto 37. Ninguno, sin embargo, hace referencia a la más que posible invasión de competencias por parte de la Generalitat, sino al hecho de que, a su juicio, el copago no ha demostrado ser un instrumento regulador eficaz de la demanda.