| martes, 05 de junio de 2012 h |

Tras el País Vasco, el Ejecutivo catalán ha sido el segundo en decidir, tras la reunión de su Consejo de Gobierno, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el Real Decreto-ley 16/2012, en base al dictamen de su Consejo de Garantías Estatutarias.

Según este dictamen, el decreto de la reforma sanitaria no se ajusta al requisito constitucional de extraordinaria y urgente necesidad. Además, asegura que la modificación de la Ley de Cohesión que a través del artículo 1 del decreto vincula la asistencia sanitaria a la condición de asegurado “es contraria”, según el Consejo catalán, a la normativa comunitaria. Por tanto, también lo es, según este organismo, la disposición transitoria primera, que permitirán seguir garantizando la asistencia a las personas que gocen de ella hasta el día 31 de agosto de 2012.

Más allá, mientras el País Vasco recurrió cuatro artículos de la reforma, el dictamen catalán encuentra vulneraciones de sus competencias hasta en ocho artículos del texto.

En declaraciones a los medios de comunicación tras firmar un convenio con la Federación Estatal de Municipios y Provincias contra la violencia de género, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha afirmado que su departamento opina “exactamente lo contrario” que el Consejo catalán. La ministra cree que la norma es “escrupulosamente respetuosa con la Constitución” y es fruto del consenso con la mayoría de las comunidades autónomas.