La consejera de Sanidad de las Islas Baleares, entrevistada en Business TV

Confía en que un cambio de Gobierno mejore la infrafinanciación de las islas

| 2011-09-30T16:18:00+02:00 h |

c. r./e. m. c.

Madrid

A medida que pasan las semanas se concretan nuevas posiciones con respecto a la obligatoriedad legal de prescribir por principio activo (PPA). Frente a la defensa a ultranza de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Baleares manifiesta dudas sobre su procedimiento y sus posibles beneficios en términos económicos. La consejera de Sanidad regional, Carmen Castro, cree que el ministerio “podría haber consultado antes con los médicos” y que “habrá que ver el ahorro real en la práctica”. Práctica, todo sea dicho, que genera muchas dudas entre los farmacéuticos.

Así lo puso de manifiesto Eladio González, vicepresidente de Fedifar, uno de los invitados a la entrevista que Castro concedió la semana pasada en Business TV. “Estamos preocupados porque no ocurra lo que ha sucedido en otras comunidades autónomas, en las que al final el precio menor lo fija un laboratorio que no tiene capacidad para comercializar ese producto o que lo tiene registrado, pero no comercializado, lo que arrastra a un precio menor falso”, manifestó.

Por su parte, la distribución pide a la consejería “sensibilidad” para que la farmacia pueda actuar de forma adecuada. Castro recogió el guante y aseguró que la intención de la consejería “es buscar la total colaboración con el colectivo de farmacia. Dentro de la aplicación de este decreto debe haber libertad para ver qué medicamento se administra dentro de ese precio”.

Deuda

Pero no es la única preocupación del colectivo farmacéutico, aquejado como en el resto de comunidades por la deuda pública. Mientras, la consejería busca fórmulas para pagar a los proveedores, ya ha tenido que llevar a cabo decisiones para afrontar una deuda que asciende a 500 millones de euros y que a corto plazo ha obligado, como en el resto de las autonomías, a reducir la estructura de la Administración.

En la misma semana en la que el presidente del Ejecutivo balear, José Ramón Bauzá, anunció un nuevo plan de recorte para cerrar 92 empresas públicas y ahorrar así 115 millones de euros, Castro explicó que además de reducirse el número de consejerías, cada una ha recortado su número de directores generales. En Sanidad se ha pasado de 93 a 58 directivos, lo que supone tres millones de euros de ahorro. Junto a esto, se llevó a cabo otro adelgazamiento en el número de directivos de hospitales.

Pero estas no dejan de ser medidas a corto plazo, forzadas por la necesidad de adoptar decisiones rápidas que ayudasen a reducir el gasto público. Así, la consejera asegura que ahora ha llegado el momento de tomar decisiones con resultados “a largo plazo y sin rédito político”. Entre esas iniciativas se encuentra un plan para paliar los problemas de insularidad que en Baleares multiplican los gastos cuando un paciente tiene que desplazarse de una isla a otra para acudir al hospital de referencia.

A este problema se añade que cuando se hicieron las transferencias en 2003 no se tuvo en cuenta la población flotante, con lo que la región está a la cola en gasto per capita y arrastra un déficit histórico que, según Castro, “se tiene que corregir”. Y este problema, añade, no es solo financiero. A juicio de la consejera, el Ministerio no ha hecho la labor de cohesión y coordinación que le corresponde. La solución, en su opinión, puede estar en el 20-N. “Evidentemente, con un ministerio regido por el PP tiene que mejorar”, afirmó.