Transmite su convencimiento a la farmacia canaria de que no habrá consecuencias “ni económicas ni profesionales”
Este departamento incluso sopesa no indemnizar al demandante, pese a que no se ejecutase la sentencia
alberto cornejo
S. C. de Tenerife
La Consejería de Sanidad de Canarias ha trasladado a los diversos estamentos de la farmacia canaria su convencimiento de que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, por la cual se anula el concurso de nuevas adjudicaciones de farmacias de 2001, “no tendrá repercusión alguna, ni económica ni profesional” para las islas. Así lo han comunicado a EG diversas fuentes farmacéuticas consultadas, ya que el departamento que dirige Mercedes Roldós no quiso hacer ningún comentario al respecto.
Según indican estas mismas fuentes, desde la consejería canaria, que de puertas afuera indican que “continúan analizando la sentencia”, se transmite el mensaje de que las adjudicaciones de 2001 son consideradas ya “actos administrativos firmes”, por lo que no es posible actuar a posteriori sobre ellos. Una tesis que, cabe recordar, es la misma que defendía la semana pasada en las páginas de este periódico Carlos Muñoz, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. “El acto de adjudicación es firme, en cuanto a que no hubo en su día impugnación alguna al mismo”, manifestó.
¿Sin indemnizaciones?
La opinión más instalada entre las partes afectadas es que se debe considerar “inejecutable” la sentencia, ya que las 83 boticas que puso en juego dicho concurso están en pleno funcionamiento actualmente. Incluso, el representante legal del demandante originario, Carlos Blesa, también ha hecho suyo este parecer.
A priori, no ejecutar la sentencia obligaría a indemnizar a Blesa. Sin embargo, la Consejería de Sanidad autonómica se ha desmarcado de esta tesis al afirmar que “no va a haber indemnización alguna al recurrente”.
En este sentido, parece que el departamento de Roldós sigue esta línea ya que, casi un mes después de conocerse la sentencia, de los dos establecidos por el Tribunal Supremo como plazo para ejecutarla o alcanzar un acuerdo, el despacho de abogados que representa a Blesa ha vuelto a confirmar la inexistencia de contacto alguno entre ambas partes. “Son ellos los que tienen que ponerse en contacto con mi representado”, indicó a EG el abogado Juan Carlos Melián, que no quiso entrar a valorar lo que la consejería ha transmitido a la profesión canaria.
Si se cumplen las previsiones de la Administración canaria en lo referente a la “ausencia de repercusiones profesionales”, las 83 boticas seguirían abiertas y tampoco habría que hacer frente a las indemnizaciones a los farmacéuticos que tuviesen que cerrar sus locales. Unas indemnizaciones millonarias que tendría que desembolsar, por unos u otros motivos, a todos y cada uno de los 83 titulares.
Tenerife, la más perjudicada
Si se llegara a confirmar el peor de los finales a este affaire, es decir, el cierre de los locales adjudicados en 2001 y la suspensión del proceso de adjudicación de otras 115 boticas abierto en 2007, Tenerife sería la isla más perjudicada por ello. Así, serían 23 las farmacias tinerfeñas (el 28 por ciento del total de aperturas llevadas a cabo en esta comunidad autónoma en 2001) las que tendrían que cerrar.
A estas habría que sumar otras 47 que le correspondían de la ampliación del mapa farmacéutico que llevaba aparejado el concurso de 2007, que quedaría anulado “de facto” por la sentencia del Supremo, al tener que redefinir el mapa farmacéutico autonómico. En el desglose por municipios de la provincia, hasta un total de 13 localidades tinerfeñas perderían, al menos, una farmacia ya abierta en la actualidad.
Gran Canaria sería la segunda isla con mayor número de cierres. En total, serían 28 las farmacias con orden de cierre en relación a la sentencia del Supremo, más otras 30 cuya futura adjudicación quedaría suspendida. En el resto de islas, como Lanzarote o Fuerteventura, la cifra de cierres sería mucho menor, aunque las consecuencias, en base a su población, serían mayores que en las islas grandes. Aquí es donde el ratio de habitantes por farmacia se situaría más alto en comparación con el resto de territorios insulares.
Por último, las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro apenas verían modificado su mapa farmacéutico local, ya que sólo siete farmacias en total, si se uniesen los dos concursos, estarían en peligro (ver mapa).
¿Corren peligro otros concursos?
