Entre la botica cuya titularidad ostenta Matilde Barrios y la que regenta Meritxell Martí apenas distan 20 kilómetros. Pero, en realidad, entre ambas farmacias dista un mundo. De partida, la primera solo pudo establecerse a través de concurso público, mientras que la segunda apenas necesitó un trámite administrativo en forma de permiso de ejercicio de profesión liberal. La primera solo cobra al paciente un porcentaje del precio del fármaco retirado mediante receta pública y es el Estado quien le reembolsa a posteriori el resto del coste, mientras que en la segunda el paciente paga el cien por cien del medicamento (y es la Administración quien le reembolsa después al paciente, no a la botica, un porcentaje en torno al 75 por ciento del coste). Barrios solo puede proveerse de distribuidoras autorizadas por su Ministerio de Sanidad, mientras que Martí puede acudir a cualquier proveedor internacional y estará exonerada del IVA en la factura de su pedido, impuesto por el que su compañera deberá pagar, según sea medicamento u otro producto sanitario, un 4 ó un 10 por ciento más.
Ese contraste entre su cercanía, geográficamente hablando, y la lejanía de sus peculiaridades tiene una explicación: Barrios ejerce en el municipio de La Seu d’Urgell (Lérida) mientras que Martí hace lo propio en Andorra la Vella (Principado de Andorra). Es decir, la boticaria ilerdense ejerce bajo un modelo regulado mientras que su homóloga andorrana lo hace bajo un régimen absolutamente liberal.
Quizá sea parte de su clientela lo único que ‘comparten’. En concreto, aquellos pacientes que retiran sus recetas públicas en la farmacia ilerdense pero que optan por desplazarse a Andorra para adquirir sus productos de parafarmaciaa priori a un precio inferior al estar liberados de impuestos (los cuales no deberá declarar en la aduana si su importe, individual o en conjunto, no supera los 900 euros).
Son casos que, haberlos, haylos. “Recibimos mucha clientela de Cataluña”, confirma a EG la propia Martí, además de corroborar el peso de la parafarmacia en su facturación. Por su parte, Barrios cree que “los precios entre España y Andorra ya no son tan diferentes como en el pasado”, y respecto a una posible desviación de clientela, indica que “no sabemos si, de no existir el Principado, venderíamos más”. No obstante, al otro lado de la frontera, Martí no ve a las farmacias ilerdenses como sus principales competidoras en esta área, sino al resto de farmacias andorranas, ya que “al no haber límites de distancias y estar todos los establecimientos muy concentrados en una misma zona, estamos inmersos en una guerra de precios”.
Pros y contras de un modelo
A pesar de que el reglamento de farmacias de Andorra, que data de 1977, permite la libre apertura de farmacias a cualquier profesional autóctono (por nacimiento, matrimonio o dos décadas de residencia) sin criterio poblacional o de distancia alguno, apenas existen 61 oficinas de farmacia. Atendiendo al censo poblacional de este Principado (cerca de 76.000 residentes), el ratio de habitantes por botica es más bajo que en nuestro país (1.245, frente a los 2.186 que reflejan para España las últimas estadísticas del Consejo General).
Sin embargo, se trata de una cifra con cierto ‘maquillaje’, ya que la citada ausencia de limitación de distancias hace que la gran mayoría de esas 61 boticas se localicen en la capital (Andorra la Vella) y, más en concreto, en sus vías más comerciales. “A través de nuestro colegio farmacéutico hemos pedido en repetidas ocasiones al Govern el establecimiento de módulos de distancia, pero sabemos que se trata de una reivindicación prácticamente imposible de conseguir por el carácter liberal del Principado”, confirma Martí.
Respecto a la propiedad de las boticas, la legislación andorrana realiza ‘de facto’ una discriminación positiva hacia los profesionales autóctonos, dificultando (no prohibiendo expresamente) el acceso a foráneos. Un farmacéutico español da fe de ello, ya que, tras conseguir el permiso del Govern para adquirir por traspaso una botica en el Principado, ha visto como esta decisión fue recurrida por el Colegio de Farmacéuticos de Andorra, haciendo uso de la potestad que le faculta el reglamento de otorgar el beneplácito último para ejercer la profesión (pese a ser una asociación de carácter voluntario y no oficial como los colegios farmacéuticos españoles).
Según la versión oficial, la oposición radica en que “no existen acuerdos de reciprocidad con España” para este tipo de operaciones. Extraoficialmente se alude a un intento de evitar que profesionales andorranos especulen con estos establecimientos, puesto que la libertad de apertura les permitiría vender la farmacia y abrir otro local. Para Agustín López-Santiago, director general del gabinete López-Santiago, que representa al farmacéutico español en este caso, esta actuación esconde el deseo “de mantener la propiedad exclusivamente en manos de ciudadanos del Principado”. El colegio andorrano ya ha confirmado que, si no se atiende su recurso administrativo y se revoca la autorización, irá a la vía judicial para que sean los tribunales quienes diriman.
No obstante, el modelo farmacéutico andorrano puede sufrir cambios obligados por la vía de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, aprobada en el Principado con el fin de mejorar su competitividad. Una norma que está redefiniendo los procesos de tramitación, si bien aún surgen divergencias de interpretación”, indica López-Santiago.
