El investigador cree que es “irónico” que la administración impida la financiación
El Ministerio de Ciencia e Innovación desestima la posibilidad de crear una AIE
redacción
Madrid
Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, denunció la pasada semana la obstaculización, por parte de la Administración, de la llegada de financiación privada para el desarrollo de una nueva línea de investigación y tratamiento específico para el cáncer de pulmón. Este consiste en la inhibición de la quinasa c-RAF, cuya eficacia ha sido demostrada en investigaciones con ratones. Barbacid aseguró que era “irónico que sean las propias normas de la Administración las que impidan poner en marcha un proyecto tan innovador como éste, incluso sin que le cueste un euro al Estado. Algo habrá que cambiar”.
La polémica gira en torno a la solicitud del oncólogo madrileño, que pretendía crear una Asociación de Intereses Económicos (AIE) dentro del CNIO. A este respecto, la respuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación ha sido clara. En un comunicado, el departamento de Cristina Garmendia admite que el estudio promovido por Barbacid “es una excelente noticia para la comunidad científica”. Pero eso no quita para que, según Ciencia, “la creación de una AIE dentro del CNIO sea ilegal, ya que la Ley de Fundaciones no permite a las Fundaciones Públicas participar en este tipo de agrupaciones, porque podría ponerse en peligro su patrimonio”.
El ministerio también ha detallado la financiación pública de que aún dispone el grupo dirigido por Barbacid. Así, de los 43,7 millones que se le concedieron para el programa de terapias experimentales, le restan aún 8,7 por percibir. Además, según Ciencia, “el CNIO dispone de 58,6 millones de euros, procedentes de ayudas percibidas previamente y que están pendientes de ejecutar, y de los que su director puede disponer para financiar eventuales proyectos de investigación”.
A su vez, ha reconocido que trabaja, junto con la Abogacía General del Estado y el propio CNIO en la búsqueda de un modelo de colaboración económica con empresas privadas que se ajuste a la legalidad.
