El adelanto electoral puede afectar a muchos de los compromisos del ministerio
Trazabilidad, distribución, financiación e incentivos a la I+D, víctimas del 20-N
c. r. / e. m. c.
Madrid
La ministra de Sanidad, Leire Pajín, retoma el curso político con escaso margen para recuperar las asignaturas que su ministerio arrastra desde hace meses, y en algunos casos desde hace años. La mirada está puesta ahora en la cita electoral del 20 de noviembre, un anuncio que pilló por sorpresa a la propia ministra, que en las últimas semanas de julio asumió una larga estela de compromisos con distintos representantes del sector sanitario para alcanzar acuerdos de sostenibilidad en los aledaños del segundo Consejo Interterritorial monográfico celebrado a finales de ese mismo mes.
En el tiempo que resta para el 20-N, Pajín y su equipo tendrán que darse prisa para cumplir, al menos, parte de sus compromisos. Unos de los más llamativos para el sector farmacéutico serán los ya casi históricos proyectos de distribución y trazabilidad, pendientes desde la aprobación de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. Junto a ellos, cabe suponer que algunos puntos incluidos en el Real Decreto-ley 9/2011 (interoperabilidad y la tarjeta sanitaria única en todo el SNS en seis meses, revisión y ajuste del tamaño de todos los envases en un año, creación del Comité de Coste-Efectividad de los medicamentos) podrán verse afectados por el parón electoral.
En el campo del gasto farmacéutico también quedará trabajo por hacer. En teoría, al final de la segunda legislatura socialista se iba a poder comprobar “con luz y taquígrafos” el gasto farmacéutico hospitalario de las comunidades autónomas. A día de hoy, como presumiblemente ocurrirá también después del 20 de noviembre, esta factura es la gran desconocida del gasto sanitario, un gran cajón de sastre que en parte ha auspiciado, gracias a la salida de los DH, la bajada del gasto a través de receta médica.
En el terreno de la industria, al margen de lo que ocurrirá con el Plan de Estabilidad, quedará también en suspenso el futuro de los incentivos a la I+D, un punto que se cayó de la Ley de Ciencia para aprobar, en el plazo de seis meses (es decir, hacia diciembre), una reforma de la Ley de Mecenazgo.
La financiación
Un capítulo aparte merece el reto casi ancestral de aumentar la financiación sanitaria (podríamos añadir además el calificativo ‘finalista’), el más difícil todavía de la política sanitaria. Pajín y los consejeros regionales pudieron ver cómo se diluían como un espejismo los 8.000 millones de euros adicionales que el ex vicepresidente del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que se destinarían a la sanidad en los presupuestos del próximo año.
A pesar del interés de Pajín por que las peticiones de los responsables regionales llegaran al Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de julio, no hubo alusiones en la última reunión, que se saldó con el compromiso de la ministra de Economía, Elena Salgado, y de los consejeros del ramo de llevar a sus parlamentos una regla de gasto en el próximo semestre.
Sin embargo, Pajín volvió a aludir a esta cifra semanas después. Según sus declaraciones, el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades autónomas 8.000 millones de euros, que irán destinados en su mayoría a Sanidad, además de una serie de medidas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, aunque en realidad facilitarán la devolución en 2012 de los 5.000 millones que las comunidades deben al Gobierno por el dinero que se les anticipó de más en 2008 y 2009, permitirán liberar los recursos que pueden ir ahora al pago de proveedores.
