A pesar de que el RDL 16/2012 ha superado las expectativas de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) en cuanto a desfinanciación de medicamentos se refiere, la norma esconde algunos aspectos que no son del agrado de la patronal. En concreto, la parte más controvertida para Rafael García Gutiérrez, director general de Anefp, es la que se refiere a la fijación de precios.
La redacción del nuevo artículo 85 Ter de la Ley de Garantías establece que el Ministerio de Sanidad tendrá que autorizar las variaciones de precios en los medicamentos no financiados con fondos públicos, circunstancia que también se extiende a los medicamentos sin receta, según el artículo 90. La norma se justifica en razones de protección de la salud pública y de igualdad en el acceso, riesgo que García Gutiérrez rechaza.
Para el director general de Anefp, “no hay ningún riesgo de que esto suceda por dos razones. Primero, porque históricamente se ha demostrado así, y segundo, porque es un eufemismo pensar que el precio de los medicamentos no financiados es libre”. A este respecto, aseguró que “lo que ocurre es que el precio de los financiados está controlado por el ministerio y el de los no financiados está controlado por el mercado, por la competencia”, ya que si se pasan de un precio razonable “no venderían nada”.
El RDL 16/2012, en el artículo 90, insiste en que los titulares de autorizaciones de comercialización podrán ejercer su venta “en régimen de precios notificados”, de modo que el ministerio pueda objetar el mismo por razones de interés público. Una cota al libre mercado calificada por García Gutiérrez como “absurda”.
“Sería el único país de toda Europa en el que estuviera el precio de los medicamentos no financiados controlado. Lo dice el RDL, pero seguro que lo han puesto por temor a lo que pudiera pensar la opinión pública”, explicó. La posibilidad existe y el Gobierno ha abierto una puerta a la regulación de precios y la arbitrariedad en la aplicación pierde su autonomía.
