El SAS quiere poner en marcha un sistema de subastas de fármacos para dar exclusividad a cambio de descuentos
Amenazan a los colegios de farmacéuticos con cobrar la factura mensual con 120 días de retraso si no lo aceptan
Carlos Arganda
Madrid
La Consejería de Salud de Andalucía prepara un cambio en su política farmacéutica que supone una violación de las competencias atribuidas al Ministerio de Sanidad y que podría acabar incluso con la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y el modelo farmacéutico español tal y como se conoce hasta ahora. En una nueva vuelta de tuerca, y sin importarle la invasión de competencias sobre el Ministerio de Sanidad o las múltiples barreras legales que supone, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pretende, en el ámbito de la atención primaria y las oficinas de farmacia, realizar un “procedimiento de licitación pública” de medicamentos. Esto supone, de facto, crear un precio andaluz para los medicamentos que decida la junta, con lo que no solo se rompe la unidad de mercado en España sino que se avanza hacia la ruptura del SNS.
Así, una vez resuelto el concurso, el SAS “comunicará formalmente al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) los productos, proveedores y las condiciones económicas que resulten de los citados procedimientos de selección”. Posteriormente, las farmacias estarán “obligadas a dispensar el medicamento” seleccionado.
De este modo queda reflejado en la propuesta de modificación del Concierto de Prestación Farmacéutica a través de las oficinas de farmacia que el SAS puso encima de la mesa a los presidentes de los colegios de farmacéuticos andaluces en el transcurso de una reunión que mantuvieron la semana pasada.
Con este procedimiento, el organismo andaluz establecería un nuevo precio para los medicamentos, diferente al precio máximo autorizado fijado por el Ministerio de Sanidad, ya que al precio con descuento fijado tanto la distribución como la farmacia deberían sumar sus respectivos márgenes. Este hecho, además de invadir competencias exclusivas del Ministerio de Sanidad, eliminaría la vigencia del nomenclátor oficial en el ámbito de Andalucía, un listado que, según el propio ministerio que dirige Leire Pajín, además de incluir todos los productos autorizados, “es el que oficialmente se utiliza en la facturación de las recetas”. Por ese motivo, no debería caber jurídicamente un precio de facturación diferente al registrado en el nomenclátor, tal y como pretende la consejería andaluza.
Chantaje a los farmacéuticos
Esta proposición de cambio del concierto ha venido acompañado de un chantaje para forzar la decisión de los farmacéuticos. La amenaza del SAS para que los colegios de farmacéuticos andaluces acepten la propuesta es que, en caso de no hacerlo, se retrasaría el pago a las oficinas de farmacia hasta los 120 días después de su facturación, un plazo muy superior al legalmente establecido y que no puede ser superado ni siquiera por acuerdo entre partes. Eso sí, algunas fuentes próximas a los colegios afectados hablan, incluso, de que el SAS podría haber amenazado con un cambio más radical de la prestación que dinamitaría el modelo farmacéutico. De este modo, se estaría obligando al Cacof a optar por el mal menor, aunque también suponga una ruptura con el SNS.
Pero este no es el único cambio que quiere introducir el SAS ya que, según la propuesta de modificación del concierto, además de los concursos para los medicamentos, que a día de hoy podría afectar a diez principios activos, se realizarían también concursos de adquisición de productos sanitarios y, además, se mantendrían los descuentos a los absorbentes, que quedarían fijados en un 12 por ciento hasta que se pusieran en marcha los correspondientes concursos.Otra de las novedades que pretenden incluir es una modificación a la factura sombra en medicamentos, según la cual habría que informar a los pacientes del coste total del tratamiento para informar detalladamente de la parte asumida por la administración además del copago asumido, en su caso. Este hecho obligaría a los farmacéuticos a entregar, además del recibo al que obliga la Ley de Garantías, un nuevo documento, la factura sombra.
Cabe destacar que a lo largo de la jornada se han sucedido reuniones entre los representantes de los colegios de farmacéuticos para determinar la respuesta que deben dar al SAS y, según ha podido saber EG, el Cacof sopesa entrar a negociar con la administración regional, aunque los términos de esa posible negociación no han trascendido, de momento.
