Andalucía espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie pronto sobre la constitucionalidad de las subastas, a fin de poder continuar con el normal desarrollo del proceso o, en caso contrario, plantear medidas alternativas que garanticen ahorros similares. Así consta en una nota hecha pública por la Consejería de Salud, que califica de “falta de respeto a las instituciones” la decisión del Gobierno central de recurrir por tercera vez la selección de medicamentos.
El Departamento de María Jesús Montero asegura que, con la decisión tomada en el Consejo de Ministros de plantear un conflicto positivo de competencias ante la Resolución de 20 de diciembre de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, el Gobierno central “defiende los intereses de la industria” y “se posiciona claramente en contra de que existe una forma distinta de hacer las cosas y que demuestra que el único camino posible no es ni la privatización, ni el cierre de centros, ni el despido de trabajadores”.
El Gobierno andaluz insiste en que este tercer recurso pone en evidencia las “contradicciones” en las que incurre el Gobierno central “que, por un lado, plantea un objetivo de déficit que asfixia económicamente a Andalucía y, por otro, impide las medidas de eficiencia y ahorro impulsadas en la comunidad”. Segús sus cálculos, los 200 millones que las subastas podrían ahorrar equivaldría al mantenimiento de 6.500 puestos de trabajo en el sector sanitario o al mantenimiento del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, de la Atención Primaria de toda la provincia de Córdoba y a todas las ambulancias y helicópteros de los servicios de urgencias y emergencias de EPES y del Servicio Andaluz de Salud (todo ello con el personal incluido).
