José María López Alemany Director. División de Consultoría de Wecare-u. | viernes, 12 de septiembre de 2014 h |

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Los farmacéuticos andaluces viven con el miedo en el cuerpo. No saben qué será lo siguiente que les ocurra. Lo de estas últimas semanas es que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está descontando de las facturas a abonar dispensaciones de 2013 en las que, por desabastecimiento de los medicamentos que fueron adjudicados en las subastas, el farmacéutico sustituyó ese medicamento por otro, según las reglas establecidas en la Ley de Garantías.

A causa de esta práctica, no es de extrañar que los farmacéuticos estén atemorizados pensando a cuánto puede ascender la ‘multa’ que el SAS les impondrá por haberse saltado las subastas. A mayor implicación y servicio pensando en el bien del paciente, mayor sería la ‘multa’. A mayor incapacidad de las compañías adjudicatarias, también. Y así lo han visto en el COF de Málaga, que ya ha instado a sus farmacias a seguir a rajatabla la Ley de Farmacia de Andalucía (LFA) y, en caso de desabastecimiento de un medicamento por cualquier motivo, que “no se sustituya por ningún otro” ante el riesgo de impago.

Lo que está ocurriendo y, especialmente, lo que va a ocurrir, tiene como único responsable al SAS y sus políticas. Como es sabido, yo rechazo profundamente las subastas del SAS, pero aún más si además de ponerlas en marcha lo haces mal. Porque el SAS no vigila con el debido esmero el cumplimiento de lo que marca la LFA sobre las garantías de abastecimiento. Y si lo hace, o es engañado por las compañías o no las presiona en forma de sanciones para que no desabastezcan el mercado. La situación puede llegar a ser esperpéntica, tal y como ocurrió hace unos meses, cuando Cecofar denunció que al menos 55 medicamentos subastados estaban desabastecidos. Y claro, si una compañía no abastece, es imposible que se puedan dispensar sus productos y, por tanto, que le salgan las cuentas. Por ello presionan al SAS para que las farmacias no se salten ninguna prescripción. Y el SAS actúa del modo que hemos visto.

Además de ese primer dislate del SAS en la vigilancia de la capacidad de abastecimiento de las compañías adjudicatarias, el organismo público andaluz comete desde mi punto de vista otra falta de diligencia al permitir que su sistema de e-receta no se ajuste a lo establecido en la LFA. Si el sistema cumpliera con todas las funciones que debería tener, impediría al farmacéutico la dispensación de un producto que no se ajusta a la regulación y este profesional tendría la seguridad de que todas sus actuaciones van a verse reconocidas y recompensadas. Pero claro, ¿qué es lo que ocurriría en los múltiples casos en los que hay desabastecimientos? Pues una procesión de pacientes visitando diferentes farmacias a la búsqueda de algún resto de stock del medicamento adjudicado o volviendo al centro de salud para que el médico le prescriba por marca o cambie el principio activo. Un caos en toda regla.

La falta de impedimentos en el sistema de dispensación permite al farmacéutico, pensando en sus pacientes y anteponiendo los intereses de estos a los suyos propios, realizar una sustitución del medicamento desabastecido por otro equivalente de modo que el paciente no sufra problema alguno por la disfunción de las subastas. El problema le llegará al boticario meses después cuando reciba la notificación del SAS indicándole que no le paga determinadas dispensaciones. De este modo, el SAS hace lo que le da la gana y presiona a los farmacéuticos si es necesario o suelta un poco de cuerda si los problemas empiezan a saltar el mostrador y afectar a los pacientes. Por eso no le conviene que el sistema de e-receta cumpla con lo establecido en la propia LFA. Así pueden atajar los problemas a toro pasado cuando ya solo se entere el farmacéutico y no el votante de calle, que estará feliz con su medicamento. Lo cual, por cierto, debería ser lo más importante también para el SAS y no solo para los farmacéuticos.