En un momento en el que la economía del país no atraviesa por un buen estado de salud, en el que los bancos necesitan 26.000 millones de euros para recapitalizarse (con lo que ello implica para la concesión de financiación) y en la que nos acercamos peligrosamente a los cinco millones de parados, en el sector se vuelven a poner estupendos a la hora de abordar un tema clave para garantizar la viabilidad de la Sanidad de nuestro país: el copago. Esta es una palabra maldita, tanto para políticos, que a las puertas de unas elecciones generales como las del 20-N huyen de ponerla en sus bocas como si fuera la peste, como para los propios agentes del sector, imbuidos en una nebulosa que les impide ver lo que se les viene encima y que solamente lo ven cuando lo tienen encima. Una palabra que nadie pronuncia en público pero, como decía un presidente de Gobierno, sí se atreven a pronunciarla en la intimidad. Esta intimidad fue la que encontró el presidente de FEFE, Fernando Redondo, durante la presentación de un estudio que, a través de una serie de medidas estructurales, ofrece al próximo Gobierno un ahorro de más de 3.500 millones de euros. Entre las medidas se juega con una hipótesis de trabajo de establecer el pago de diez céntimos por receta, algo que más allá de los ingresos directos supondría un elemento disuasorio. Sí, hubo intimidad, pero en cuanto se puso sobre la mesa la palabra copago se huyo de ella como alma que lleva el diablo. No huyó el nuevo secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez, del II Foro de la Distribución de Fedifar, pero sí esquivó el asunto con un impecable juego de cintura. Sí, se necesita más dinero. ¿De dónde sacarlo? Ahí está el problema. Y tampoco se huyó en la presentación del Observatorio de Antares, donde se señaló que establecer una cartera de servicios debía contar con financiación privada. Es decir, del paciente. ¿Copago? No, nadie quiso decir esa palabra, pero en la mente de todo sí que estaba. viernes, 28 de octubre de 2011 h
