Premios BiC
| lunes, 22 de julio de 2013 h |

José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso

1- Estos cambios en la ley han sido sorpresivos y no dialogados. De no ser por la alerta del PSOE, el daño al sector y al sistema habría sido tremendo. Aún así, quedan dudas y falta seguridad jurídica. Y eso no es bueno para un sector como este.

2– Sí. Fue la apuesta que hicimos con el RDL 9/2011. El Gobierno se equivoca y no ha querido oír los argumentos que avalan esta posición. Al no hacernos caso, evitan mejores precios para el sistema sanitario. Y es ridículo disfrazar de EFG a las marcas sin patente. Que le pregunten a los médicos y verán cómo piensan igual que nosotros.

3- No. Esa compatibilidad ofrece más fortaleza al sector y eso es positivo para todos. En este asunto, también el Gobierno ha dado pruebas de no saber bien qué pretendía y a quién quería favorecer.

4- Es un planteamiento lleno de ambigüedad y con el tiempo generará problemas. Hay una obsesión por centralizar y controlar las decisiones de gestión de las comunidades, y creo que no se puede asegurar que lo hayan conseguido. Esa obsesión es un error político y jurídico.

5- La unidad de mercado estaba garantizada y el Gobierno no podrá paralizar iniciativas de gestión de las comunidades y en especial las de Andalucía, ya que son constitucionales y no rompen esa unidad.

Manuel Cervera, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso

1- La ley señala que el precio industrial de financiación pública no podrán ser objeto de modificación o bonificación salvo que sea en todo el territorio nacional. Así, se clarifica la competencia exclusiva del Estado y se garantiza el acceso sin poner en peligro los descuentos.

2- Cuando la prescripción se realice por denominación comercial a un precio superior, el farmacéutico sustituirá por el de precio más bajo y dispensará el genérico. Además, la posibilidad de que la Aemps determine qué medicamentos se identifican como EFG en razón de su intercambiabilidad garantiza la calidad asistencial y optimiza los recursos.

3- El Gobierno ha legislado esta cuestión con sentido común y desde el diálogo con todos, intentando evitar conflictos de interés, así como favorecer el correcto funcionamiento del sector farmacéutico.

4- La ley deja claro que todas las actuaciones orientadas a establecer la posición de un medicamento en la prestación, así como su alternativa terapéutica, tendrán una base científica común en el SNS en función de los informes de posicionamiento de la Aemps. Así se garantizan la cohesión, la calidad y la equidad en la prestación farmacéutica.

5- Sí. Además, se plantean medidas de racionalización homogéneas para todo el territorio español que no producirán distorsión alguna.