La campaña de acoso y desprestigio que sufre la farmacia comunitaria y, en concreto, su avance asistencial, por parte de las entidades representativas de Enfermería ha obtenido el respaldo mayoritario de la Asamblea General de Presidentes de colegios provinciales de enfermeros (que representan a cerca de 300.000 colegiados).
En su última reunión celebrada el pasado 23 de noviembre, el 92 por ciento de esta Asamblea General de la Organización Colegial de Enfermería respaldó las actuaciones emprendidas por el Consejo General de Enfermería “contra la farmacia comunitaria”. Unas actuaciones entre las que se encuentran diversos comunicados públicos denunciado la “privatización” y el “intrusismo” que supondría delegar nuevas funciones a las boticas, el envío de una carta a la ministra de Sanidad pidiendo su posicionamiento al respecto y la divulgación de un folleto (del que se prevén repartir decenas de miles de unidades) en el que se presenta a los farmacéuticos como empresarios a los que, a su juicio, solo les mueve la “avaricia económica”.
Analizados estos resultados por su otra vertiente, solo un 8 por ciento de presidentes colegiales se habría desmarcado con sus votos de estos ataques y actuaciones del CGE. En su intervención ante la Asamblea, el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, insistió una vez en el “daño” que, considera, entraña la farmacia comunitaria. “Debemos tener claro que estamos ante una cuestión estratégica que hipoteca funciones, desarrollo profesional y muchos puestos de trabajo de enfermería además de conducir a una privatización sin precedentes de nuestro Sistema Nacional de Salud. Nuestro futuro son los pacientes crónicos y con este modelo, el paciente crónico quedaría exclusivamente en manos de médicos y farmacéuticos, mientras que la enfermera familiar y comunitaria desaparece, expuso a los presidentes provinciales.
Igualmente, el presidente del CGE obtuvo también el apoyo “igualmente masivo” —indican— de la Asamblea para “iniciar un diálogo al más alto nivel con el Consejo General de Farmacéuticos de España” y tratar de conseguir una solución dialogada a este conflicto, que pasaría siempre por retirar los contenidos no específicamente referidos al medicamento. Eso sí, Pérez Raya matizó que “cualquier negociación se hará desde la lealtad a todos los integrantes de la plataforma que hemos puesto en marcha con pacientes, usuarios, médicos, Sindicato SATSE, enfermeras especialistas y sociedades científicas”.
La propuesta respaldada por los presidentes de la enfermería española incluye también la adopción de medidas “muy contundentes”, avisan, si, finalmente, no prospera dicho diálogo y se mantiene lo que consideran una línea “intrusista y privatizadora” por parte de las farmacias.
