Tal como reveló un reciente análisis de EG, fue Navarra —donde rige una planificación de mínimos que flexibiliza las condiciones de autorización y aperturas— la región que experimentó un mayor crecimiento de farmacias en viabilidad económica comprometida (VEC) en 2016. Fueron 74 las boticas que en esta comunidad recibieron el pasado ejercicio la aplicación de un índice corrector a su baja facturación pública (las mal denominadas ‘ayudas’ VEC), lo que supone un incremento del 20 por ciento respecto a 2015 (61).
La inviabilidad del 12 por ciento de su red le supuso a las arcas públicas de la comunidad Foral un desembolso en 2016 de 322.276 euros, a una media de 4.414 euros anuales por cada farmacia VEC. Al margen de las cifras, este crecimiento ha vuelto a poner sobre la mesa un debate: ¿debe compensarse económicamente a algunas de estas farmacias que, dentro de unos requisitos mínimos (distancia mínima de 150 metros con otra oficina ya abierta y módulos de población mínimos de 700 habitantes), han elegido con cierta libertad su ubicación?
En este debate conviene poner sobre la mesa varias normativas. Por un lado, la Ley Foral 12/2000, por la cual Navarra apostó por su propio modelo desde 2000. Por otro lado está el real-Decreto ley 9/2011 que desarrolló este índice corrector, así como el RDL 16/2012 que eliminó los condicionantes poblacionales para acceder a él, y el cual es de obligado cumplimiento en toda España, independientemente de la planificación en cada región. Ya entrados en harina, y si bien estima que el modelo navarro es “eficaz”, en su última entrevista concedida a EG, el propio consejero de Salud navarro, Fernando Domínguez, ya se mostró partidario de ligar estas compensaciones “a zonas rurales o de difícil acceso”. Actualmente, buena parte de las boticas navarras en riesgo de viabilidad se ubican en entornos urbanos, incluida la propia capital Pamplona.
Opinión coincidente en el sector
Desde la Asociación Profesional de Farmacéuticos Rurales de Navarra (Apfrn) se confirma a EG que en sus reuniones con el consejero y el subdirector general de Farmacia, Antonio López, también les han transmitido ese parecer ya apuntado a EG, si bien las palabras “nunca se han traducido en hechos”, critica su presidente, Antonio Aznárez.
En este debate, Aznárez cree que se debe revisar la LOF navarra. “Las ‘ayudas’ VEC deben tener el objetivo de sostener las farmacias rurales, no las que con posterioridad al año 2000 se han abierto al arbor economicista en pleno centro de la capital (Pamplona) y ahora no son rentables”. A juicio de este titular de botica rural desde hace 34 años, la particular normativa navarra “ha provocado una sobresaturación a conciencia de farmacias en grandes nucleos, a muchas de las cuales ahora deben ‘rescatar’ todos los contribuyentes”. Precisamente, uno de los problemas a la hora de abordar posibles soluciones sería la generalidad de este índice corrector, que no establece distinciones entre ubicaciones y/o épocas de apertura. No cabe duda que si se estableciesen particularidades, Navarra quizá debiera atender a esa frontera que marca el año 2000. “La equidad geográfica, que es precisamente lo que se busca con esta medida, ya era una realidad antes de la implantación de la Ley Foral”, concluye el presidente de Apfrn.
También desde la patronal nacional FEFE se considera que ‘subvencionar’ a farmacias cuyos titulares han podido elegir con cierta libertad su localización “defrauda el espíritu” del índice corrector, según Luis de Palacio, su secretario general. “Con la planificación se persigue que haya prestación a toda la población, y ahí entiendo que las VEC rurales necesiten ayuda”. Sin embargo, cree, “no tiene sentido que se permitan nuevas aperturas en zonas cuyo mínimo ya está cubierto y con ello pueda nacer una VEC y, al repartir el servicio entre la misma población, arrastre también a los establecimientos colindantes a ser VEC”. Para el secretario general de FEFE, “esta práctica supone un quebranto a la sostenibilidad del sistema”.
En Navarra, la Consejería autorizó en 2016 dos nuevas farmacias, que se ubicarán ambas en el barrio Milagrosa de la capital. A ellas se añade otra autorización en trámite, también para este barrio que cuenta con un censo de 16.069 personas y media docena de boticas ya existentes en el entorno.
