Desde que en marzo la Consejería de Salud valenciana anunciase su intención de implantar en 2018 un nuevo modelo de prestación farmacéutica a residencias —Resi-EQiFar—, hasta la aprobación de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos (en la que se encajaría este modelo, a través de la modificación de la LOF regional), los colegios, principales opositores al proyecto, tenían por delante un semestre para convencer a la Administración de revertir su decisión. Sin embargo, el tiempo ha pasado sin que la Consejería haya movido un ápice su postura inicial. El anteproyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos recoge Resi-EQIfar como fue concebido en origen. Una “huida hacia delante”, como valora en esta entrevista Jaime Giner, presidente del COF de Valencia.
Pregunta. ¿Cómo valora la tramitación legislativa de Resi-EQIfar, por esta vía que dificulta su debate parlamentario?
Respuesta. La Generalitat sigue la línea mantenida en torno a este proyecto, desde que lo anunciaron sin previo aviso y sin consultarlo. Pero, es más, he puesto en conocimiento de la Administración que consideramos esa modificación de la LOF regional a todas luces ilegal, lo cual no vamos a aceptar de ninguna manera y acudiremos donde haga falta.
P. ¿En qué aspectos lo consideran ilegal?
R. Va contra una norma de rango superior, el RDL 16/2012. En esta modificación de la LOF se prohibe tácitamente que cualquier residencia se pueda vincular a una farmacia. Eso supone dejarlas fuera del servicio incluso cara al futuro. No solo se infringe esa norma nacional sino que de desoyen los consejos de Bruselas respecto a la integración de la farmacia en la atención sociosanitaria. Ese papel no se puede sustituir ni con máquinas ni con robots, ni ser asumida exclusivamente por la farmacia hospitalaria. No lo vamos a consentir.
P. ¿Qué pasos se plantean desde el COF?
R. Nuestra línea de trabajo irá en consonancia con las alegaciones presentadas. Los COF no queremos eliminar que la Administración pueda tener su modelo, pero sí nos oponemos a que se impida, vía ley, que puedan existir otros modelos de atención a estos centros. Si se aplica literalmente esta modificación, ante un fracaso de Resi-EQIfar no se podría aplicar otro modelo de servicio, ni siquiera en una situación de urgencia. La farmacia comunitaria no podría servir a estos centros, o bien tendría que infringir la ley para poder actuar, ya que solo se plantea la vinculación exclusivamente a la FH.
P. ¿Qué sugieren?
R. Queremos que la ley para deje la puerta abierta a otros modelos de prestación a residencias sin tener que modificar la norma. Y, paralelamente, seguiremos insistiendo con el modelo alternativo que hemos presentado para competir lícitamente con Resi-EQIfar. Seguimos creyendo que con nuestro modelo podemos dar más calidad, más eficiencia, ahorros y, lo cual es muy importante, con riesgo cero. Me da mucho miedo que hayan cogido como referencia un modelo vigente en una región de Italia con 6.000 residentes, cuando en Comunidad Valenciana hay 28.000 residentes en 350 residencias. ¿De verdad lo consideran extrapolable?
P. El COF de Valencia presentó su modelo alternativo el pasado 28 de septiembre. ¿Qué inputs han recibido?
R. La Administración sigue enrocada en desviar la mirada ante cualquier alternativa. Es una huida hacia delante. Al menos hemos desenmascarando su memoria económica. Desde que demostramos que, lejos de ahorrar, Resi-EQIfar generaba gastos, ya no solo han rebajado sus cálculos de ahorro sino que ya no le otorgan tanta importancia a lo económico. Ahora queremos recoger las aportaciones del resto de actores afectados, porque queremos que nuestro modelo sea de consenso y colaborativo.
P. En la presentación, además de denunciar coacciones de la Generalitat, avisó que, si no se rectifica, podrían romper la colaboración que realizan las farmacias al aplicar las exenciones al copago. ¿Se mantiene?
R. El replanteamiento de la colaboración en el copago es una decisión que tienen que tomar los colegiados en asamblea, no la junta. Esta colaboración se renueva anualmente. Por ello, el convenio para 2018 volveremos a llevarlo a votación y quizá el colegiado pase factura. No olvidemos que el colegiado está harto, al ver que son muchos temas los que están sobre la mesa que no terminan de salir adelante, en unos casos, o les perjudican, en otros. Nadie puede decir que no tienen razón en estar cansados.
P. ¿Por ejemplo?
R. Hablo de la atención domiciliaria, de la ficha farmacoterapéutica única, del decreto de servicios profesionales… Siempre nos dicen (Consejería) que siguen adelante… pero no terminan de concretarse. Por no hablar del modelo de guardias que quieren imponer y que esclaviza aún más al farmacéutico. Dicen que es un tema político. ¡Por favor! Las guardias son un asunto sanitario. Otra cosa es que se utilicen como rédito político, como quieren hacer. Si cada ayuntamiento desea una farmacia de guardia en su localidad, ¿por qué no abonan el servicio?
P. En este asunto, el de las guardias, la Administración propone que estén condicionadas a la existencia de centros de atención continuada y que sean localizadas (15 minutos máximo). ¿Qué alternativa proponen?
R. Nosotros partimos de las ínfimas dispensaciones de urgencia que se hacen en muchos de estos servicios. Ya entregamos un estudio a la Consejería al respecto. En muchas casos, ninguna. Por ello hemos propuesto que las Administraciones locales, o la Consejería, que quieran reforzar las guardias farmacéuticas abonen el servicio y luego, a tenor de lo que se ingrese por dispensación de recetas públicas en dicho turno, se ‘devuelve’ de la cuantía abonada. Hemos hecho cálculos y apenas supondría en torno a 2 millones de euros al año para el conjunto de Administraciones. En aquellas localidades donde sí se hagan muchas dispensaciones y, por tanto, se confirma la necesidad de la guardia, quizá no tendrían que pagar al establecimiento ni un euro.
P. El problema de siempre. ¿Lo que es gratis, no se valora?
R. Cuando les sacas de la gratuidad, se niegan. Queremos dar el servicio, pero racionalizado. Y de calidad. Por ejemplo, con el contacto previo entre el centro de salud de urgencia y la farmacia de guardia para confirmar que la botica tiene el medicamento objeto de la prescripción de urgencia. Se evitarían desplazamientos innecesarios del paciente de farmacia en farmacia en su búsqueda.
P. Usted —o en representación y defensa de su COF— también avisó que no descartaba emprender las actuaciones que hiciera falta si se implantaba “tal cual” el modelo que concibe la Consejería.
R. Y lo mantenemos. No vamos a consentir la esclavitud que acarrea. Y menos por intereses políticos. Dentro de poco tendremos elecciones municipales y no descarto ver a las farmacias de guardia formando parte de los programas de los partidos políticos. El sistema de guardias que se establece prácticamente obliga al titular de la farmacia a vivir en la localidad en la que se ubica el establecimiento.
en imprevistos. Infringirían la ley”