“Es una cuestión que deben consultar en la Comunidad de Madrid”. Esta es la respuesta oficial que ha recibido EG por parte del Ministerio de Sanidad al preguntar si se maneja alguna nueva fecha —tras los históricos incumplimientos de plazos— para completar la plena interoperabilidad de los modelos de receta electrónica en España —siendo la citada región la única pendiente de incorporarse al proyecto— y que así los pacientes recuperen un derecho que perdieron con el fin de las prescripciones en papel. Un derecho que no es otro sino poder retirar su medicación en cualquiera de las 22.046 farmacias de la red nacional.
Esta suerte de ‘pregunte en otra ventanilla’ con la que desde el Ministerio se despacha esta consulta llama la atención teniendo en cuenta que el proyecto lleva por nombre “Interoperabilidad de la receta electrónica del SNS” y que en la propia web ministerial se recoge en no pocas ocasiones que es este Departamento quien asume su “coordinación”. En concreto, sus Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación y Subdirección General de Tecnologías de la Información.
Sorprende que quien se erige en coordinador no pueda aportar información en torno al proyecto que coordina y lo deje en manos de terceros. Más ‘suerte’ tuvieron aquellos que asistieron a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados del 30 de enero en la que se presentaron las partidas sanitarias de los PGE. Durante la sesión, el subsecretario general de Sanidad, Alfredo González, indicó que la entrada de Comunidad de Madrid en este proyecto sería “inminente”. Un adjetivo que ya sea usó en reiteradas ocasiones en 2018 tanto por la Administración central como autonómica para que finalmente el año se cerrase sin concretar esta entrada.
Así las cosas, la plena interoperabilidad de la receta electrónica en España es un ejemplo de proyecto que, con el paso del tiempo y su desarrollo, se le ha acabado ‘atragantando’ al Ministerio. Seis años pasan ya desde que el RDL 9/2011 señalaba enero de 2013 para que la plena interoperabilidad fuese una realidad.
Esta situación de cierta descoordinación y rupturas de cronogramas tiene ahora su réplica en torno al sistema de verificación de medicamentos que debe implantar España como consecuencia de la Directiva Europea Antifalsificación. En este caso, con el agravante de que sí existen plazos límite impuestos por Bruselas. España debe tener implantada la verificación desde el 9 de febrero. Quizá conviene decir “debía”. Si bien las farmacias estarán listas para identificar y desactivar códigos, ya está confirmado que los hospitales públicos no llegarán a tiempo. Y no hay fecha estimada.
El (los) por qué
Conviene preguntarse por qué a Sanidad se le ‘atragantan’ este tipo de proyectos nacionales de afectación directa a la Farmacia. En tiempos y formas.
Dentro de diversos factores —los cambios de Gobierno y equipos ministeriales tampoco han ayudado—, el primero de ellos alude al tan manido debate en torno a la transferencia de competencias sanitarias a las comunidades autónomas. En el caso de la e-receta, la inacción ministerial en origen para conducir el proyecto y/o establecer unos criterios mínimos a los sistemas regionales propició que cada región hiciese la ‘guerra por su cuenta’ y desarrollasen modelos que, a la postre, han generado muchos problemas en la interconexión interautonómica.
Algo parecido ha ocurrido en torno al proceso de verificación. Aunque España conoce desde hace tres años la necesidad de implementar la verificación en la cadena del medicamento, solo ha sido hasta hace medio año cuando las CC.AA. —como gestoras de los hospitales públicos— han dado un paso al frente para intervenir “directamente” en el desarrollo y gestión de los nodos que canalizarán la información. Fue en el Consejo Interterritorial del 15 de noviembre cuando Ministerio y CC.AA. pusieron por primera vez sobre la mesa esta cuestión —al menos oficialmente en su orden de día— .
En este sentido, el sector farmacéutico reprocha al Ministerio que durante dos años haya ‘dejado hacer’ al Sevem —entidad creada ex professo por el sector para gestionar al verificación— y ahora, recientes decisiones ministeriales reviertan los pasos dados por esta entidad. Es el caso del real decreto que se tramita actualmente en el que se recoge la creación (sine die) del Nodo SNSFarma y que, es de suponer, debe relevar a Nodofarma Verificación, el nodo escogido por Sevem y con el que comenzarán a verificar las farmacias. Cabe destacar que el Ministerio de Sanidad ha asistido, representado por la Aemps, a las reuniones del comité de Sevem donde se han fraguado esas decisiones.
¿Exceso de confianza?
La sensación de que quizá se ha pecado de exceso de confianza también estriba en que el sector venía avisando de la necesidad de contar con celeridad del marco normativo nacional que canalizase la verificación. Así, se dispondría de tiempo suficiente para trabajar ‘sobre plano’.
Sin embargo, Sanidad ha apurado hasta el último día. Fue este 18 de enero cuando el Ministerio sometió a trámite de audiencia e información pública el proyecto de Real Decreto que ‘apuntala’ la adecuación reglamentaria de España a la verificación y en el que confirma la creación del nodo ‘SNSFarma’. Un trámite que finaliza apenas 24 horas antes (8-F) de que la verificación sea obligatoria y que, por ende, permite asegurar que España entrará en ella sin haber publicado la normativa que lo sustenta.
Falta por ver las consecuencias de este incumplimiento. Bruselas se viene mostrado inflexible sobre las sanciones para aquellos Estados que no llegasen a tiempo. No obstante, desde las Administraciones se confía en que, finalmente, opte por la ‘manga ancha’ y acabe permitiendo cierta flexibilidad más allá del 9-F.
El Ministerio sigue sin poder ofrecer una fecha sobre cuándo se conseguirá la plena interoperabilidad de la e-receta
Respecto a la verificación, el sector reprocha que Sanidad revierta ahora pasos dados por Sevem que conocía y ‘validó’
