El vicepresidente de Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha confirmado este lunes 16 de noviembre que pedirá “hoy mismo” al ministro de Sanidad, Salvador Illa, una inminente reunión del ‘Grupo Covid’ que mantienen abierto ambas Administraciones a fin de tratar expresamente la posibilidad de que las farmacias puedan realizar y dispensar test rápidos de COVID-19 (como es el caso de los test de antígenos por los que apuesta esta región). “Le voy a proponer al ministro Illa que se vuelva a convocar de forma presencial el Grupo Covid para poder abordar la posibilidad de seguir haciendo test masivos y llegar cada vez a más gente a través de las farmacias“, ha manifestado Aguado ante los medios.
Horas antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había denunciado públicamente que el Gobierno central sigue sin responder a su petición formal de que las farmacias regionales puedan realizar y dispensar test de antígenos como parte de la estrategia para la detección de casos de COVID-19. “Hacemos muchos test pero necesitamos hacer más. Hace semanas que pedimos al Gobierno que las farmacias puedan colaborar en esta tarea. Seguimos sin respuesta” ha denunciado la presidenta madrileña a través de sus perfiles en redes sociales.
En concreto —y aunque ya se había solicitado previamente en varias ocasiones a través de declaraciones públicas de Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero— la petición formal se realizó con el envío de una carta el pasado 3 de noviembre al ministro de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento (Aemps).
En ella se consideraba que la realización de test rápidos de antígenos en farmacias “no contraviene el espíritu legal” pero aún así se instaba al Gobierno a que facilitase la presencia de estas pruebas en boticas articulando los “cambios legales” necesarios y eliminado la “excesiva burocracia” en torno a estos productos. Todo ello, en línea con los diversos ejemplos internacionales dodne ya se confían estos cribados frente a la COVID-19 en boticas.
Cabe recordar que sería su actual catalogación como productos de diagnóstico in vitro lo que obliga a la existencia de una prescripción médica previa e imposibilita su ‘libre’ presencia y dispensación en estos establecimientos.
Un día después del envío de esta carta, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmaba la recepción de la misma y aseguraba que los equipos “técnicos y jurídicos” del Ministerio analizarían la propuesta. Desde entonces, nada más ha vuelto a saber el Ejecutivo madrileño, lo cual ha propiciado esta denuncia de Díaz Ayuso reclamando celeridad en la respuesta.
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