Las numerosas críticas lideradas por el bloque de la izquierda en la Asamblea de Madrid durante el debate y la votación de la Ley de Farmacia madrileña no han impedido que el Partido Popular, con el apoyo de Vox, haya conseguido sacar adelante la nueva norma.
De esta manera, queda derogada la Ley 19/1998 de Ordenación y Atención Farmacéutica, vigente hasta este momento en la comunidad. “La ley que teníamos no era mala, sino que estaba obsoleta. No atendía a muchas necesidades que habían quedado evidenciadas en los últimos años y, sobre todo, durante la pandemia”, ha expuesto Eduardo Raboso, portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea.
“Creo que a la farmacia le va a ir mucho mejor con esta ley que con la previa”, ha afirmado Raboso, quien considera fundamental actualización la regulación que atañe a los farmacéuticos madrileños. En defensa del nuevo texto, ha apuntado que la nueva ley era “necesaria” porque “no hay ninguna área de conocimiento humano que avance tan rápido como la sanidad, lo que conlleva una evolución rápida de las terapéuticas y una parte va vinculada a la farmacología”. Asimismo, el portavoz popular ha puesto en valor las aportaciones de los farmacéuticos de Madrid que han transmitido su opinión sobre el texto, enriqueciéndolo.
Tras su aprobación, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha realizado una valoración de la norma. Su presidente, Manuel Martínez del Peral ha asegurado tener “buenas sensaciones después de tanto trabajo” y ha agradecido la labor de Elena Mantilla, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, quien ha realizado una “una escucha activa de las necesidades de la población y de los farmacéuticos”.
“Va a ser una ley muy viva, más ágil que la anterior y que va a permitir adaptarnos a las necesidades de la población de forma muy rápida”, ha apuntado el presidente del COFM.
Los puntos “calientes” de la norma
Sin embargo, la oposición se ha mostrado más crítica que nunca. Los puntos “calientes” que han sido objeto de debate por parte de los grupos parlamentarios han sido los referidos a la atención farmacéutica domiciliaria o el de la objeción de conciencia, entre otros.
Matilde Díaz, portavoz de Sanidad del PSOE, ha incidido en el artículo 13, el referido al acto de dispensación. “Sigue siendo un riesgo que la atención farmacéutica domiciliaria (AFD) y la dispensación de medicamentos a domicilio no disponga de un desarrollo reglamentario adecuado. No acota la zona de delivery farmacéutico, más bien lo deja abierto a la actividad del farmacéutico”, ha señalado. Un aspecto que no comparte el COFM.
Martínez del Peral ha asegurado que la ley “deja claro a quién va dirigida la AFD”, es decir, que se podrá realizar a personas discapacitadas o dependientes. “Siempre se hace en base a un informe de un asistente social y un tribunal médico, lo que regula mucho los beneficiarios de la AFD. Es una necesidad que se vio en la pandemia y es un símbolo más de humanización de la sanidad”, ha explicado. Por tanto, ha añadido, será “en el desarrollo reglamentario donde se tendrá que ver cómo se va a hacer y es lo que toca trabajar ahora”. “Hay un marco cerrado que falta rematar, pero está bastante delimitado. En AFD hemos luchado mucho para establecer esas líneas rojas sobre quiénes son los beneficiarios”, ha concluido.
Carlos Ibáñez, director general del COFM, también opina que la ley deja bien delimitada la AFD: “La planificación territorial de salud es la zona básica de salud (ZBS), es decir, que la actividad que gira en torno a la oficina de farmacia es la ZBS”, ha apostillado.
Por otra parte, Díaz ha puesto de manifiesto que la ley “tampoco hace indicación ni recomendación alguna sobre este servicio y la proximidad de las farmacias a los domicilios ni establece nada sobre la ruralidad y otros factores que orienten a las farmacias como servicios públicos de proximidad”. El requisito de que “la entrega de los medicamentos a domicilio deberá realizarse por personal cualificado de la oficina de farmacia”, ha indicado Díaz citando el texto de la norma, no garantiza la proximidad, solo la profesionalidad.
Por ello, desde el grupo parlamentario socialista consideran que se trata de una “ley coladero, que abre paso a los grandes operadores privados, deslocalizados, y son una amenaza para nuestro modelo mediterráneo de farmacia”. “Se olvidan de la equidad y de los poderes públicos. Además, introducen una enmienda de Vox sobre indicación farmacéutica que invade competencias de la enfermería y, a nuestro juicio, de todos los prescriptores, porque atribuye o presupone competencias diagnósticas previas al farmacéutico”, ha añadido Díaz.
Precisamente, sobre el concepto de indicación farmacéutica introducido por Vox, su portavoz de Sanidad en la cámara, Gádor Joya, ha destacado que refleja el valor e importancia que su partido da al servicio de farmacia. “Los farmacéuticos están preparados para realizar la indicación farmacéutica para síntomas menores”, ha aseverado.
Por su parte, Unidas Podemos ha apuntado que sus enmiendas presentadas iban dirigidas a “cerrar tres amenazas” ya reflejadas en el anteproyecto: “la precarización laboral, el agravio comparativo entre grandes empresas y pequeñas farmacias y la uberización del sector”, ha indicado Vanessa Lillo, portavoz de Sanidad de Unidas Podemos. Del mismo modo, ha asegurado que “no se desarrolla normativamente la dispensación a domicilio” y considera que no regular esto es “un gran peligro”.
En opinión de Javier Padilla, portavoz de Sanidad de Más Madrid, el texto de la Ley de Farmacia “se lleva una huella bastante notable de las enmiendas de Vox”. Una huella que queda patente, según Padilla, en el artículo 6, sobre la objeción de conciencia. “Lo recogen sin más, haciendo la peor regulación de conciencia que haya visto. Ahora mismo, creo que llega a desproteger a los propios farmacéuticos”, ha señalado.
Por otro lado, Padilla se ha detenido en el artículo primero de la ley, que “se ha usado de excusa para desdeñar multitud de enmiendas, diciendo que no eran objeto de la ley“, tal y como ha expuesto el portavoz de Más Madrid, quien ha concluido que continuarán defendiendo un “modelo que apoye el alma comunitaria y asistencial de la farmacia”.
Logros conseguidos
A pesar de que los grupos de la oposición han mostrado su malestar por no haberse incorporado muchas de sus peticiones, el Partido Popular ha querido dejar claro que “se han escuchado a todas las partes y se incorporaron un número insólito de enmiendas (más del 20 por ciento)”. Raboso ha recordado que se han incorporado enmiendas directas de PSOE y Más Madrid. De hecho, el portavoz del PP ha destacado que el registro farmacológico que consta en la ley es un aspecto de este último grupo. Además, como resultado de la negociación de la norma con Vox, el texto final adiciona varios supuestos contemplados por esta última formación.
Respecto al mencionado registro farmacológico, el COFM considera muy positiva su creación: “El objetivo es que el farmacéutico tenga más información para dar mejor servicio al paciente”, ha apuntado Martínez del Peral.
Para Raboso, la ley alcanza “grandes logros“, como la determinación y actualización de las funciones de la farmacia en todos los ámbitos (atención primaria, ámbito hospitalario y residencias), “fruto de un consenso intenso de todas las fuerzas políticas”; la inducción de innovaciones en la oficina comunitaria; e introduce la posibilidad de que personas discapacitadas reciban medicación en sus domicilios. Asimismo, ha resaltado “la fantástica experiencia de haber elaborado una ley con un colectivo tan admirable como son los farmacéuticos de Madrid“.
“Hemos querido que la nueva ley sea lo más respetuosa posible con los farmacéuticos, con su libertad, con el ejercicio de su profesión y con su papel para colaborar en el cuidado de la salud de los madrileños”, ha reseñado Gádor Joya. La representante de Vox en la cámara avanzaba a EG, en declaraciones en exclusiva, la impronta que su formación ha conseguido dejar en la norma: “Hemos querido poner en valor el papel del farmacéutico en cualquiera de los niveles asistenciales como un profesional sanitario necesario en la red asistencial”.
No en vano, según adelantaba a esta publicación Joya, son varias las modificaciones que, diálogo mediante, ha conseguido su partido. Entre ellas, la preservación del derecho a elegir libremente la farmacia y el profesional farmacéutico, también en los centros residenciales sociosanitarios, o la introducción del término “paciente” en lugar del de usuario. También, señalaba Joya, el “eliminar trabas para permitir ofrecer otros servicios sanitarios, como óptica, dietética y nutrición, y ortopedia”.
La diputada también ha explicado otros puntos sobre que se introducen en la nueva regulación ‘vía Vox’, entre los que se cuenta la mejora de la seguridad jurídica de los farmacéuticos, favorecer la organización de los servicios de guardia o la introducción de funciones y requisitos para el funcionamiento de los servicios de farmacia hospitalaria.
