Se desconoce si lo ha hecho siguiendo la Costa Azul o salvando las alturas de las montañas del Valle de Aosta. Lo cierto es que el viento pro-liberalizador ha pasado en apenas unas semanas de Italia a Francia, aunque en ese trayecto haya mitigado (por ahora) parte de su fuerza. Y es que, mientras que en Italia tuvo efectos palpables en pilares del conocido como modelo ‘mediterráneo’ (en forma de aprobación de Ley de Competencia que abre la propiedad de sus farmacias a capital no profesional), en Francia ‘solo’ azota en forma de amenaza.
En este caso, la amenaza es un informe sobre el estado y financiación de la Seguridad Social gala elaborado por el Tribunal de Cuentas de Francia, en el que aprovecha para poner en solfa la farmacia regulada que rige en el país vecino. En sus líneas generales, este informe apunta que en Francia “sobrarían” cerca de 10.400 boticas —lo que supone la mitad de una red de 21.400 establecimientos—, y sugiere acabar con el “monopolio de las farmacias” para mantener solo “el monopolio del farmacéutico”. Esta última premisa dejaría entrever una petición similar a la medida recién implantada en Italia, ya que se mantiene la exigencia de un profesional al frente de la botica.
Por si fuera poco, este organismo denuncia que las farmacias comunitarias ganan en su conjunto más de 2.000 millones de euros anuales de forma “no reglamentada”, la cual, aún siendo legal, consideran que podría estar privando a las arcas públicas de ingresar esta misma cantidad. Tampoco el Gobierno se libra de las críticas, al que acusa de ser “demasiado protector” con el sector farmacéutico, así como “no hacer nada por frenar la situación”.
¿Reducir al 50% el mapa farmacéutico?
Respecto a lo que el Tribunal de Cuentas considera una red de farmacias “demasiado numerosa”, critica que el ratio existente en Francia (en torno a 3.000 habitantes por farmacia) es insostenible. Incluso, en el informe se alude a España para recordar que solo este país mantiene en Europa un ratio menor.
Por el contrario, a la par que propone reducir el mapa farmacéutico nacional en casi un 50 por ciento, sugiere que se ayude económicamente a boticas “frágiles”, las cuales sitúa en torno al 10 por ciento de la red. No obstante, cabe recordar que el mapa farmacéutico galo ya se ha reducido —por la crisis económica y consecuentes cierres— en torno a un 5,4 por ciento en la última década: 1.124 farmacias menos entre 2005 y 2016 .
En lo que respecta a los ingresos de las farmacias francesas, el Tribunal de Cuentas refleja que en 2016 el conjunto de la red facturó en torno a 5.700 millones de euros de forma “reglamentada” . Es decir, por la vía directa de las dispensaciones financiadas y otros abonos que fija el convenio económico.
Sin embargo, denuncian que las boticas ingresaron en torno a otros 2.000 millones de euros adicionales de forma “no reglamentada”. Esta es la calificación que utiliza para catalogar aquellas prácticas comerciales de las farmacias —en todo caso legales— como serían los descuentos que recibe de la industria y distribución en la adquisición de medicamentos. El Tribunal incide en que se estaría privando a las arcas públicas de esta cantidad de dinero si, en vez de permitir a las farmacias obtener estos ahorros, se implantasen medidas cuyos beneficios fuesen directos para el Estado.
Asimismo, propone explorar nuevos modelos de distribución de los fármacos financiados que generan ahorros al Estado (aludiendo a las nuevas vías que abre el entorno hospitalario). Y, respecto a la distribución en el canal farmacia, insta a estudiar cambios en el modelo retributivo que “desconecten” la remuneración del número de medicamentos dispensados (margen).
En este sentido, cabe recordar que sindicatos farmacéuticos y Seguridad Social han firmado un nuevo concierto económico encaminado a desligar la dependencia exclusiva del margen comercial, apostando por la inclusión de una tasa adicional por acto de dispensación (rebajando paralelamente los márgenes) y abonando ciertos servicios. El Estado invertirá 280 millones de euros en este nuevo modelo retributivo.
Indignación en la profesión
Los temores de la profesión vienen determinados porque el Gobierno de Francia tiene previsto iniciar los trámites para una nueva Ley de Financiación de la Seguridad Social en la que se desconoce qué importancia jugará este informe.
Por ello, la respuesta de la profesión ha sido tan rápida como unánime y contraria. Por ejemplo, la Orden Nacional de Farmacéuticos de Francia —equivalente al Consejo General español— ha manifestado que “la salud pública no se reduce a un enfoque contable”. Asimismo, critica que el Tribunal de Cuentas “cuestione todos los principios fundacionales de la ordenación de la farmacia francesa” y recuerda que esos principios “son los que permiten el acceso del 97 por ciento de los franceses a una farmacia a menos de 15 minutos de casa”. Por último, recuerdan que el modelo “no ha sido cuestionado por las normas europeas”.
Más contundente ha sido la opinión del sindicato galo FSPF, en palabras de su presidente. Philippe Gaertner califica este informe como “un plan de destrucción masiva de farmacias”, con recomendaciones “totalmente desvinculadas de las necesidades de la población”. “Vayan a explicar sus intenciones a un paciente de edad avanzada que verá su farmacia de confianza cerrada”, ‘invita’ al propio Tribunal de Cuentas.
Mientras, USPO, el otro principal sindicato profesional, ha calificado el informe de “mediocre, excesivo, obsoleto” y realizado “contra la profesión”. Incluso, confirma que al ser conscientes de la inminente publicación de este informe y de las líneas que plantearía el mismo, se aceleró la firma del nuevo convenio económico, al cual ha llegado “justo a tiempo”.
Asimismo, denuncia que “la apertura del capital que plantea el informe está fuera de contexto y no tiene incidencia en las cuentas de la Seguridad Social”.
