Alberto Cornejo Madrid | viernes, 08 de febrero de 2019 h |

La red nacional de oficinas de farmacia (compuesta ya por 22.065 establecimientos) estrenó el año 2019 conociendo que la nueva Orden de Precios de Referencia revisaba los precios de un total de 15.741 presentaciones de medicamentos, de las cuales 12.825 (un 81 por ciento del total) son dispensables en las oficinas de farmacia nacionales, un impacto que para cada botica puede rondar en torno a una reducción entre el 0,5 y 0,7 por ciento de su facturación. Se trata de la más reciente medida de afectación directa a la facturación y rentabilidad del sector. Una más a sumar a otra veintena de ellas que las farmacias vienen soportando desde que se inició el siglo XXI y que ha hecho que, lamentablemente, “la farmacia se ha acostumbrado a los decretos”, como apuntó Luis González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, en el marco de la reunión del grupo de trabajo promovido por Grupo Cofares y Fundamed para analizar el papel de la farmacia en el sistema sanitario actual.

También José Ramón López, vocal nacional de Distribución del COFM, pone en valor que “la farmacia es un sector que asume cualquier cambio, decreto, etc.”. Y es que pocas —por no decir ninguna— de esa veintena de medidas de afectación directa o indirecta a las farmacias desde el año 2000 puede considerarse positiva para el sector. Por ello, “la farmacia se merece una alegría normativa”, apunta el presidente del colegio madrileño.

Una de esas ‘alegrías’ sería una hipotética derogación de la que es considerada como la Espada de Damocles de las farmacias: el Real Decreto 5/2000, una norma por la cual las oficinas realizan aportaciones económicas directas al Sistema Nacional de Salud en función de su facturación pública: en torno a los 230 y 240 millones de euros, lo que para cada establecimiento supone una media de entre el 2,5 y 3 por ciento de la facturación.

Ahora bien, aunque no parece estar en la agenda política, la retirada de esta norma sería una alegría… De justicia. Y es que, como recuerda González, esta norma fue implantada en origen como temporal, para responder a una situación de crisis económica del Sistema Nacional de Salud “y ha acabado perpetuándose en el tiempo”. Igualmente, el presidente del COFM recuerda la incongruencia que supone que haya farmacias “que son subvencionadas con lo que le quitan previamente”, en referencia a los fondos destinados para farmacias VEC que salen de estas deducciones.

Para Luis de Palacio, presidente de la empresarial farmacéutica nacional, FEFE, y otro de los miembros de este grupo de trabajo, otra “alegría” vendría de una reforma normativa del “abusivo” régimen de guardias obligatorias de las oficinas de farmacia. “No pueden seguir siendo gratuitas”, apunta De Palacio, dejando claro por dónde considera que deben ir los cambios en este sentido.

Por su parte, María Ángeles Aparicio, vocal de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac), apunta la existencia de trabas normativas que dificultan la labor asistencial de las boticas. Un ejemplo es la imposibilidad de acceder al historial farmacoterapéutico del paciente. “¿Cómo podemos hablar de cuestiones como la conciliación de la medicación si desconocemos qué tratamientos de DH se han dispensado en el hospital?”, se pregunta.