La convocatoria de elecciones en un colegio farmacéutico supone la apertura de un proceso que no siempre se desarrolla con la tranquilidad que se aconsejaría. Las hemerotecas indican que no son pocos los comicios farmacéuticos que se ven envueltos en algún tipo de controversia. De ellas, las posibles incompatibilidades de los candidatos o miembros de su equipo, o los procedimientos, directrices y gestión del voto por correo son las principales ‘papeletas’ que, con permiso del símil, tienen que resolver las mesas electorales en aras de la claridad y buen transcurrir del proceso.
Un nuevo ejemplo de ello ha ocurrido en los comicios abiertos en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Tres de los cuatro candidatos a la presidencia en las elecciones del 3-A (Mercedes González Gomis, Manuel Martínez del Peral y Luz Sanz) han denunciado ante la mesa electoral posibles irregularidades en la gestión del voto por correo de la candidatura que lidera Rosalía Gozalo.
Por ejemplo, la candidatura de Manuel Martínez del Peral ha alegado ante la mesa presuntas “injerencias” que se estarían llevando a cabo “por el equipo comercial de Cofares” en las farmacias madrileñas, quienes —según su denuncia— estarían “solicitando el voto para una de las candidaturas y ayudando en la tramitación del voto por correo”, exponen en un comunicado. “Además, se estaría produciendo una recogida masiva de votos para hacerlos llegar a Correos, una actividad expresamente prohibida en el reglamento electoral”, añaden.
La alegación presentada insta a la mesa del COFM a investigar estas prácticas y adoptar las medidas que fuesen necesarias siguiendo la legislación vigente. “Desde el inicio de esta campaña hemos hablado de la necesidad de garantizar la independencia del COFM de agentes externos con intereses muy distintos a los de nuestros colegiados. Lamentablemente, nos hemos visto forzados a tomar esta decisión ante las sospechas de que se puedan estar produciendo actividades que de ser ciertas, atentarían contra la transparencia de este proceso electoral”, ha indicado el candidato a presidente Martínez del Peral.
También la candidatura que lidera Luz Sanz ha denunciado ante la mesa electoral “la entrega de votos en las Oficinas de Correos por personas que no son las titulares de esos votos”. “Creemos que debería de ser siempre realizada por el titular del voto y no por otra persona. Esto además evitaría la recogida masiva de votos ofrecida por algunas candidaturas que desde nuestro punto de vista es muy poco ética y no ofrece garantías suficientes sobre la inviolabilidad de esos votos”, se indica desde el equipo de Luz Sanz. En su caso, Sanz no alude a posibles apoyos que pudiera tener esta estrategia, centrándose únicamente en denunciar la misma.
En conversación con EG, Gozalo asegura estar “profundamente sorprendida y triste” por las acusaciones de irregularidades de sus compañeros candidatos. “No tengo información de nada. Pero sí puedo decir que somos la única candidatura que viene manteniendo un compromiso ejemplar en materia electoral”, expone a esta publicación.
El caso de Pontevedra
En el caso de Madrid, estas presuntas irregularidades quedan pendientes del análisis y próximo pronunciamiento de la mesa electoral. Situaciones semejantes —pero independientes— ocurridas en épocas recientes dejan entrever que, cuando se confirman malas prácticas, el affaire puede subir un ‘nivel’ de litigiosidad y acabar incluso en la Justicia. Así ocurrió en Pontevedra, donde la justicia obligó a repetir las elecciones del COF de 2018 al observar irregularidades en torno al voto por correo.
En concreto, la justicia estimó ilegal que se permitiese que terceros “transportasen en mano y depositasen presencialmente en las sedes colegiales sobres del voto por correo con base en unas instrucciones carentes de rango normativo y de aprobación oficial por el colegio”. La repetición electoral tuvo lugar en 2021 sin alterarse el resultado obtenido en los comicios de 2018, en los que ya había vencido Alba Soutelo. No obstante, vuelven a estar judicializadas.
Los otros affaires en Madrid
De vuelta a las elecciones del COF de Madrid, las controversias que ya ‘salpican’ al proceso electoral madrileño no solo atañen al procedimiento del voto por correo, aunque sí se han presentado otras quejas sobre este ámbito ante la mesa electoral, quien tendrá que realizar pronunciamientos que clarifiquen este proceso.
Por ejemplo, Sanz y su equipo han solicitado a la mesa electoral que haga pública el acta del día 21 de marzo en el que se confirmó el número de votos por correo solicitados “para que las cuatro candidaturas tengan acceso a esa información”, justifican. Según ha podido saber EG, el número de solicitudes de farmacéuticos para votar por correo se sitúa en torno a 1.500, lo que supone en torno al 10 por ciento de la masa colegial.
De igual manera, Sanz denuncia la falta de información recibida por parte de la Mesa acerca del acuerdo suscrito con Correos para no cobrar al colegiado el importe del certificado de voto. “No nos fue advertido previamente y muchos de nuestros votantes ya lo habían pagado cuando se cambió este punto”.
“Tampoco hemos recibido información sobre el nombre del notario elegido para la custodia de los votos del correo ni de como se ha realizado esa elección. Creemos que para garantizar la transparencia en las elecciones, todas las candidaturas deberíamos de conocer la trazabilidad de todos los votos recibidos en el COFM desde su entrega por parte del empleado de Correos a los miembros de la Mesa, su entrega y custodia en la notaría y la forma en la que se van a trasladar al colegio, a revisar y a contabilizar el día de las elecciones”, indican.
Por parte de otras candidaturas, en estas semanas previas se ha cuestionado diversas actuaciones de los equipos aspirantes en relación a la difusión de programas, los timmings de algunos comunicados previos al arranque de la campaña o la ‘puesta en escena’ escogida (lugares oficiales, etc.) para la presentación de las candidaturas. En definitiva, no pocas cuestiones sobre la mesa de la, valga la redundancia, mesa electoral, cuyos pronunciamientos deberán favorecer la transparencia del proceso y su buen devenir.
