Las patronales farmacéuticas nacional (FEFE) y madrileña (Adefarma) se han sumado al parecer del Gobierno de Comunidad de Madrid —transmitido por carta el Ministerio de Sanidad— respecto a que la legislación actual “permitiría” la realización en la red de farmacias de test rápidos de detección de COVID-19. A través de sendos informes jurídicos, ambas empresariales consideran, en el resumen general, que la ley “no prohíbe expresamente” que estas pruebas puedan estar disponibles en las boticas españolas.

“No hemos encontrado en el ordenamiento una prohibición expresa por la que el personal sanitario de la oficina de farmacia no pueda realizar determinados test rápidos. Sin embargo, sí existen normas y pronunciamientos que podrían permitir dicha realización” , apunta Luis de Palacio, presidente de FEFE y, además de farmacéutico, licenciado en Derecho.

Para este profesional, son varias las normativas a tener en cuenta. Una de ellas es la Ley 16/1997, de 25 de abril, que establece un elenco de las funciones “básicas” que debe prestar la Oficina de Farmacia, dejando abierta sus funcionalidades y servicios “a la atención de demandas sociales”. Para De Palacio, actualmente existe esa demanda social respecto a la disponibilidad de pruebas diagnósticas frente a la COVID-19 en farmacias.

Por otra parte, continua el análisis, el RD 1662/2000 prevé la venta de productos de autodiagnóstico en la oficina de farmacia como canal exclusivo, y prohibición expresa de venta online. Sin embargo, para el resto de los productos de diagnóstico “in vitro” —como son catalogados actualmente los test de antígenos, por ejemplo— y su puesta en servicio establece requisitos generales que deberán concretarse en función del producto de que se trate y lo que el fabricante establezca “también aplicable a la oficina de farmacia”, consideran.

El Reglamento Europeo “lo refuerza”

Desde FEFE consideran que el propio Reglamento de la UE  2017/746 aporta “un mayor refuerzo del argumento de que la oficina de farmacia no está limitada por la ley para realizar test rápidos”.

En concreto, debido a que esta normativa establece una nueva categoría intermedia entre el producto sanitario de auto diagnóstico y el producto sanitario de diagnóstico mediante análisis en laboratorio: la “prueba diagnóstica en el lugar de asistencia al paciente”. La normativa la define como “todo producto no destinado al autodiagnóstico, sino a la realización de las pruebas fuera del laboratorio, generalmente cerca del paciente o a la cabecera del paciente, por un profesional sanitario”. Una definición que, considera FEFE, podría aplicarse a la inmensa mayoría de los test rápidos, incluidos los de antígenos.

El análisis respecto a los test en Madrid

También desde la empresarial madrileña Adefarma se señala que la Ley General de Salud Pública “es clara” al considerar posibles estas funciones, dado que contempla “que las Administraciones Sanitarias puedan prever la colaboración de las oficinas de farmacia en los programas de salud pública, como en actuaciones específicas sobre cribados y detección precoz de enfermedades”, apuntan. “Las Autoridades sanitarias promoverán que el cribado se implante con la máxima calidad y la mayor accesibilidad para la población (…)y podrán prever podrán prever la colaboración de las oficinas de farmacia en los programas de salud pública” citan como parte del contenido.

Asimismo, en una mirada regional, consideran que la actual Ley de ordenación Farmacéutica de Madrid también ampara esa colaboración de las farmacias en estrategias de cribado y salud pública

Conclusiones

La conclusión para el presidente de FEFE es tajante: “Si además de toda la reflexión jurídica, tenemos en cuenta las trágicas circunstancias sociales y económicas que trae el cese de las actividades y el confinamiento forzoso, resulta que la posibilidad de realizar los test de COVID-19 en la Oficina de Farmacia puede ayudar a controlar con mayor éxito la pandemia en Madrid, que es la prioridad número uno de la sociedad, con una localización de positivos más inmediata, y un chequeo de la población mucho más accesible.

Desde Adefarma se apunta que aunque la legislación ya deje esta puerta abierta a la realización de pruebas diagnósticas frente a la COVID-19 en boticas, sería óptimo desarrollar un marco normativo específico. Ahora bien, concretan, “a veces no se puede esperar, porque la Administración es muy lenta, solo hace falta voluntad política; la apoyatura legal está, sólo hace falta querer”, concluyen su informe.