Dentro de los ataques periódicos que se realizan desde entidades representativas de Enfermería contra la farmacia asistencial, estos han venido teniendo como diana servicios concretos. Lo fue la atención farmacéutica domiciliaria (AFD). También la posible realización de test rápidos de COVID-19 en las boticas para ayudar a la detección de casos de COVID-19. Por ello parecía obvio que tampoco se iba a librar otra de las propuestas de la profesión farmacéutica, redoblada en la actual situación de urgencia: la vacunación frente a gripe en farmacias. Unos ataques que no han dado tregua ni en la actual situación de urgencia sanitaria que vive España por la pandemia.

A la posible vacunación antigripal en farmacias (un servicio ya presente, y con éxito, en 36 países mas los próximos pilotajes en esta campaña en Alemania e Italia) le ha tocado ahora ser diana de las criticas de estas entidades. A través de un manifiesto firmado la Conferencia Estatal de Decanos, Directivos de Enfermería, Sociedades Científicas de Enfermería, Sindicato de Enfermería y Consejo General de Enfermería, firmantes de este manifiesto, han denunciado que las farmacias “insistan en cambiar las regulaciones que actualmente impiden vacunar en esto establecimientos pese a las continuas negativas de la Administración y la frontal oposición de las Organizaciones Enfermeras”.

Estas entidades vuelven a sacar a la palestra los argumentos esgrimidos en anteriores comunicados para denunciar el avance de la farmacia asistencial: “los intereses económicos y sus esperados beneficios para las farmacias privadas, están detrás de esta iniciativa y no tanto el bien común o la salud pública”, consideran también respecto a la vacunación antigripal en farmacias. Cabe recordar que para la actual campaña, la priemra en la que coinciden gripe y COVID-19, se han aumentado los objetivos de cobertura poblacional hasta el 75 por ciento en algunos colectivos, lo que invita a los farmacéuticos a considerar ventajoso que se habiliten más puntos complementarios para la administración de la vacuna a fin de alcanzar este ambicioso reto.

“La necesaria autorización de una instalación sanitaria y la compleja formación para la administración de cualquier medicamento incluidas las vacunas, hacen inviables a las farmacias para este cometido (…)en ningún caso administrar vacunas es una competencia farmacéutica y sí enfermera”, añaden en su argumentario de oposición.

Respecto a los modelos de éxito —con aumentos de coberturas— existentes en el espectro internacional, estas entidades indican que “los argumentos esgrimidos (por la farmacia española) encuentra una respuesta sólida: se trata de países donde las farmacias están en régimen de libre competencia, pueden ser gestionadas por otros profesionales sanitarios y pueden instalarse en centros o instalaciones sanitarias”. “Además, estos países, no cuentan con una red de centros de Salud tan accesible y solvente como la que existe en nuestro Sistema Nacional de Salud”, completan.

Las entidades firmantes de este manifiesto aseguran “no querer entrar en conflicto con los farmacéuticos por cuestiones que ya reconocen a Enfermería las competencias legalmente establecidas para la profesión”. Sin embargo, una vez más, a las críticas no les acompaña ninguna propuesta constructiva o alternativa de colaboración interprofesional. A su juicio, la solución pasa porque “la Salud Pública debe reforzarse apoyando los servicios públicos y apoyando las competencias de las enfermeras y enfermeros que llevan años demostrando la calidad y eficacia de sus actuaciones profesionales”.