Son varios los nubarrones que sobrevuelan sobre la farmacia comunitaria española. A saber: la posible implantación de unas subastas nacionales de medicamentos, la devolución al SNS de los descuentos obtenidos de los laboratorios en la compra de genéricos —como plantea la primera versión del Plan Ministerial para el Fomento de Biosimilares y Genéricos— y, no conviene olvidar, el planteamiento de que Correos entregue medicamentos en el ámbito rural, como recogía el programa con el que el PSOE concurrió a las elecciones generales del 28 de abril.
De esta terna de posibles medidas de afectación directa a las farmacias, las dos últimas parecen haber quedado bien olvidadas —en el caso de la entrega de medicamentos por Correos— o a la espera de acontecimientos y/o nuevos acuerdos— como es el caso de la devolución de descuentos—. Así las cosas, la que más visos tiene de convertirse en realidad es la de extender a toda España el modelo (evolucionado) de selección pública de medicamentos originario de Andalucía.
Más aún si se atienden las recientes palabras de quien fue su impulsora en esta región y actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo una vez más este modelo: “Ha sido y es una medida de eficiencia económica que ha sido muy trabajada, reconocida y prestigiada en el conjunto del ámbito nacional e internacional”, expuso en referencia a estas herramientas de ahorro que, en su opinión, “han venido para quedarse”.
La farmacia parece haber captado este aviso a navegantes y por ello las últimas manifestaciones emanadas de entidades profesionales —Organización Farmacéutica Colegial, patronales, etc.— parecen haber aparcado otras reivindicaciones para poner toda la carne en el asador en su oposición a las subastas. Es, a día de hoy, la amenaza más real y próxima, y el sector parece ser consciente de ello.
La experiencia es un grado, dicen. Y los años en los que viene estando vigente este sistema en Andalucía también han servido para ir (re)modelando el argumentario contra las subastas. Sean autonómicas o lo vayan a ser nacionales.
Por ejemplo, de ese argumentario parecen haberse ‘caído’, al menos como protagonistas principales, las alertas de los primeros tiempos de las subastas andaluzas respecto al riesgo para los pacientes que suponían que los adjudicatarios fuesen laboratorios ubicados en países remotos. Y es que esta sugerencia implicaba ‘señalar’ al sistema y garantías del proceso de autorización de medicamentos en Europa y España; el cual, cabe recordar, es el mismo para todos los medicamentos sin distinciones. Cosa distinta es denunciar los riesgos que para la salud de los pacientes, por la vía de la adherencia, han supuesto los cambios constantes en los tratamientos (presentaciones).
Igualmente, la extensión de las subastas de medicamentos a toda España ‘obliga’ a sacar del argumentario la inequidad —por la vía del acceso limitado al vademecum nacional— en la que siguen situándose los pacientes andaluces con los del resto del país. “Montero sabe que con una subasta nacional no tendrá los problemas de equidad de los que se acusaba a las subastas andaluzas”, reconoce Luis de Palacio, presidente de la empresarial farmacéutica nacional de FEFE. Si bien seguiría existiendo ese acceso limitado al vademecum, no podría hablarse de inequidades interregiones.
Precios más bajos y desabastecimientos
Así las cosas, actualmente el sector parece centrar sus acusaciones en avisar de lo gravoso que puede suponer para pacientes y SNS la coexistencia de un modelo que persigue precios más bajos de los medicamentos con un problema de máxima actualidad, y al alza —reconocido por propio el Ministerio, hasta el punto de elaborar un Plan de choque— , como son los desabastecimientos. En concreto, si se llegan a umbrales mínimos de precios que desincentiven la producción.
Por ejemplo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha alertado que, de los 159 presentaciones de medicamentos con problemas actuales de suministro en la región —según la información transmitida por las propias farmacias—, 70 de ellas (44 por ciento) tienen un precio de venta al público inferior a tres euros. También el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha avisado —basándose en los datos que proporciona su sistema Cismed— que en el último año “se ha duplicado” la cifra de medicamentos en falta. Entre los que más faltas tiene identificadas el CGCOF se sitúan los antihipertensivos, precisamente uno de los grupos terapéuticos que propone la Airef en su spending review sobre los que aplicar unas futuribles subastas nacionales.
Otros argumentos se centran en vaticinar los negativos efectos de las subastas en la red de farmacias y, en concreto, su accesibilidad y empleabilidad. “Las subastas llevarán a la farmacia a una situación límite en términos de rentabilidad. Sin una rentabilidad mínima o insuficiente, lo primero que veremos serán despidos en muchas farmacias y lo siguiente cierres, en especial en el ámbito rural”, alertan desde FEFE, una entidad que denuncia que la aplicación de esta medida confirmaría “la obsesión que hay en el Ministerio por las farmacias”.
El mensaje de la ineficacia de las presentaciones seleccionadas en Andalucía cada vez tiene menos adeptos
El sector se centra en relacionar precios bajos y faltas, y denunciar que la rentabilidad de la botica estaría “al límite”
