Con el visto bueno de la Administración, de los colegios farmacéuticos, otras entidades (como sociedades científicas) y a la espera por tanto ya de su aprobación y publicación definitiva. Esa es la situación actual en la que se encuentra el proyecto de decreto de servicios profesionales farmacéuticos de Comunidad Valenciana que encara su recta final para ver la luz. Un texto que ha encarado su recta final para ver la luz tras ser publicado el 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Generalitat para ser sometido a su obligatoria información y audiencia pública.
Cabe recordar que esta norma tiene por objetivo regular los servicios profesionales asistenciales que podrán prestar las farmacias valencianas mediante la concertación con la Consejería. En concreto, esta iniciativa es fruto del acuerdo alcanzado entre Administración y COF sobre la necesidad de “transformar el actual modelo de farmacia comunitaria en un nuevo modelo enfocado a la farmacia comunitaria asistencial integrada”. Así quedó recogido en el concierto de prestaciones firmado en julio de 2016 y ahora se llevará a la práctica con esta normativa.
Una semana después de abrirse esta consulta, el plazo se cerró sin la recepción por parte de la Generalitat de alegaciones que discrepen en lo general de su contenido. A lo sumo, se puede hablar de propuestas con las que complementar o concretar, no modificar, su articulado. Por ejemplo, las remitidas por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) recogen “matizaciones” que consideran sería beneficioso atender, en palabras de la presidenta de su delegación valenciana (Sefac Comunidad Valenciana), Maite Climent.
Una de las alegaciones hace referencia a la definición que recoge el proyecto sobre qué es un servicio profesional farmacéutico: “creemos que se debería respetar la definición de SPF que ya realizó el Foro de AF-FC”, justifica Climent. Asimismo, Sefac ha pedido que las sociedades científicas, no solo los colegios, puedan capacitar y acreditar a los farmacéuticos para prestar servicios, así como que se reconozca la figura del farmacéutico adjunto para llevar a cabo los mismos. Por último, también se estima que el apartado referente a la remuneración de estas funciones podría ser más conciso, “en especial en el cómo van a ser retribuidos, apunta Climent. No obstante, la valoración es de “satisfacción” con el texto.
Como recoge este proyecto, todo servicio concertado que puedan prestar las farmacias de Comunidad Valenciana en el futuro podrá ser propuesto por la propia Consejería o los colegios farmacéuticos, en función de las necesidades de salud pública. La evaluación sobre su concertación tendrá lugar en el seno de la Comisión Central de Asistencia Farmacéutica y partirá de diversas premisas: que sea beneficioso para la mejora de la salud de la población, que sea coste-efectivo (con pilotaje previo e indicadores de medición de resultados) y que en ningún caso suponga nuevas “cargas económicas” para las partidas sanitarias de la Generalitat. Ahora bien, deja la puerta abierta a la retribución.
En el caso de las farmacias, la participación y prestación de servicios concertados será voluntaria, y estará sujeta a un proceso previo de formación, capacitación y certificación. El visto bueno de la profesión farmacéutica choca con la “inquietud y molestia” que dicen tener los enfermeros valencianos (a través de su Consejo Cecova) con esta iniciativa. Estiman que muchas de estas funciones deben ser asumidas por la Enfermería.
