La liberación parcial de la farmacia italiana vuelve a la agenda política de este país. Tras el impass normativo que supuso el reciente cambio de Gobierno en el país alpino tras la dimisión en diciembre del por entonces primer ministro Mateo Renzi, el nuevo Gobierno que lidera Paolo Gentolini ha corroborado que el relanzamiento del proyecto de Ley de Competencia (en el que se recoge la liberalización total o parcial de diversos sectores, como el farmacéutico) es una de sus prioridades.
El proyecto de Ley de Competencia comenzó a tramitarse hace justo dos años, a comienzos de 2015. Cabe recordar que, tal como está articulado a día de hoy su redacción, la norma permite la entrada de capital no farmacéutico en la propiedad de boticas, si bien el porcentaje de capital profesional siempre deberá ser superior al 50 por ciento, además de impedir la participación de actores con posibles conflictos de intereses (como médicos, compañías farmacéuticas, etc.). Asimismo, tras una primera aprobación del Congreso italiano, posteriormente la Comisión de Industria del Senado introdujo el pasado mes de julio ciertas enmiendas al texto como, por ejemplo, limitar que las cadenas no puedan controlar en todo caso más del 20 por ciento de farmacias de cada región. Sin embargo, la votación final de la norma en el Senado nunca se llegó a producir. El ex ministro Mateo Renzi abogó por paralizar su tramitación a fin de no influir en el referéndum constitucional celebrado el pasado 4 de diciembre, y cuyos resultados provocaron de facto su dimisión.
Ahora, como así anuncia Federfarma (equivalente al Consejo General español), el nuevo Gobierno italiano que encabeza Gentolini ha manifestado su interés por retomar la tramitación de esta norma “porque todavía contiene medidas útiles”, si bien se estima que “podría ser más ambicioso”, sin concretar en qué sectores o artículos podrían producirse modificaciones. No obstante, dada la alta cifra de enmiendas que introdujo la Comisión de Industria del Senado al texto aprobado en primera instancia por el Congreso, es posible que tras la futura votación del Senado (y en caso de ser positiva), el proyecto de Ley de Competencia tenga que volver a pasar por dicha Cámara.
