Alberto Cornejo Madrid | viernes, 11 de octubre de 2019 h |

Spinraza (nusinersen); Kanuma (sebelipasa alfa); Venclyxto (venetoclax); Opdivo (nivolumab); Keitruda (pembrolizumab)… Todos ellos son medicamentos elegidos por los propios farmacéuticos como los más innovadores del mercado en las dos últimas ediciones de los anuales Premios Panorama; un reconocimiento a productos innovadores que nunca han visto pasar por las oficinas de farmacia. Como tantos otros, muy a pesar de los farmacéuticos comunitarios.

Ejemplos como los anteriores se encuadran dentro de la innovación que quiere, y reclama, la oficina de farmacia, pero que no tiene. O, mejor dicho, no le dejan tener. No es una cuestión de sus especiales características en forma o condiciones de conservación y/o administración —que en los casos anteriores sí justificaría su presencia en los centros hospitalarios—.

La tendencia es que cualquier innovación lanzada al mercado nunca llegue a las boticas, salvo contadas excepciones. Como telón de fondo, las cuestiones económicas (que no siempre reconocen las Administraciones). Así las cosas, estos establecimientos deben seguir ‘contentándose’ con el vademecum clásico, con las consecuencias profesionales (y económicas) que ello acarrea.

Un silogismo lleva a asegurar que “si A es B; y B es C; A será también C”. En el caso que nos ocupa, las 22.071 oficinas de farmacia nacional sufren un negativo silogismo. En concreto, si no hay duda —no la hay— que el futuro pasa por la innovación (B), pero las farmacias no tienen acceso a las innovaciones terapéuticas, bien puede decirse que, cuando menos, el futuro de la oficina de farmacia se complica.

Tendencia en Europa

Si el trasvase por cuestiones meramente económicas de las innovaciones terapéuticas al hospital viene constatándose en los últimos años —así las Administraciones tienen más capacidad de negociar descuentos sobre sus altos precios, amén de evitarse el margen de distribución y farmacias—, la tónica no parece que vaya a aminorar.

Según informes presentados por la consultora IQVIA en diversos foros profesionales, en torno al 90 por ciento de los medicamentos presentes en las farmacias europeas puede considerarse ‘low cost’. Y también según las previsiones que manejan estos mismos estudios, en el periodo 2019-2023 se espera la llegada al mercado global de una media de 54 nuevos productos al año. De ellos, en torno a un 65 por ciento serán innovaciones (specialties).

Las expectativas respecto a cuántas serán accesibles a través del canal farmacia no son muy halagüeñas. “La mayoría de los mercados de la UE, como España, sigue experimentando una transición hacia la presencia de estos medicamentos en los hospitales en detrimento de las farmacias”, avisaba recientemente en el VIII Foro de la Distribución Farmacéutica celebrado en Madrid Per Troein, vicepresidente de Strategic Partners de IQVIA.

Este experto tiene claro que “el motivo por el que las innovaciones no están en las oficinas de farmacia es una cuestión económica, porque el canal hospitalario permite un mayor abanico de acuerdos entre pagador (Administración) y proveedores”, expuso. En concreto, según las estimaciones de Troein, estos acuerdos (opacos, en su mayoría de casos) pueden suponer descuentos de casi el 40 por ciento del precio (a PVP). “Son productos caros y su gestión es clave”, apunta.

Así las cosas, la farmacia comunitaria quiere rebelarse contra esta hospitalitis de las Administraciones —haciendo uso del diagnóstico y catalogación de la ‘patología’ que hace en sus intervenciones públicas sobre este asunto Yolanda Tellaeche, presidenta del Instituto de Formación de Cofares—.

Una lucha europea

El espectro continental del problema quedó de manifiesto cuando la Agrupación Farmacéutica Europea, la PGEU, que representa a más de 400.000 profesionales y 160.000 farmacias, se posicionó a favor de una mayor presencia de estos medicamentos en las boticas.

Tal como recogía en su Informe Anual correspondiente a 2018, la PGEU reclama mejorar el acceso a medicamentos innovadores y/o especializados (biosimilares y biológicos) apoyándose en la red de farmacias. En este caso, la llave pasaría, a juicio de esta institución, por “aumentar el suministro de estos productos a través de las farmacias comunitarias con el consiguiente seguimiento adecuado de los pacientes”. Para esta asociación, la dispensación en farmacias de estos medicamentos “es una oportunidad única” para combinar su mejor acceso con el uso seguro y efectivo por parte de los pacientes.

Aunque, como se ha apuntado, la tendencia en Europa también pasa por esa pérdida de las innovaciones por parte de las farmacias, lo cierto es que en determinados países existen modelos en los que las farmacias comunitarias sí participan de las dispensaciones de estos productos, sean o no estos establecimientos los que los adquieren. De hecho, el modelo más común —y que más ventajas ofrece para todas las partes, según los expertos— es aquel por el cual la propiedad y compra corresponde a la administración.

Una vez se produce una necesidad de dispensación al paciente, se emite una orden desde el hospital y se activa un proceso para su retirada en farmacias, incluyendo un pago por servicio a mayoristas y boticas. Este es el modelo que funciona en países como Noruega, Italia, Irlanda y Alemania (con diferentes matices y tarifas según el caso).

España: no perder lo que ya se tenía

En clave nacional, el frente común de las entidades profesionales (patronales, colegios farmacéuticos) es denunciar el hecho de que cada vez menos principios activos pasen por las farmacias comunitarias, lo cual compromete el futuro de la farmacia comunitaria, según denuncian.

Más en concreto, en el caso de España bien puede hablarse de dos frentes abiertos por la farmacia comunitaria: reclamar la dispensación de aquellas innovaciones “por llegar” que no requieran un especial control clínico (dejando al margen lo económico) y recuperar otras ya existentes en el mercado que han ido saliendo de este canal para su dispensación hospitalaria. Es el caso de centenares de medicamentos de Diagnóstico Hospitalario que, a través de diversas resoluciones publicadas por el Ministerio de Sanidad desde 2012, han visto cambiar su catalogación para ser dispensadas actualmente en los centros hospitalarios a pacientes ambulatorios, en detrimento de las boticas.

Esta decisión, dicho sea de paso, pretendía poner cierto orden y homogeneidad en todo el país en una época en la que regiones como Andalucía decidían de motu proprio los listados de medicamentos que salían de las farmacias rumbo al hospital. Aunque ya se contaba con esa resolución ministerial desde 2012, una posterior sentencia del Tribunal Supremo en 2016, respaldando un primer fallo del TSJ de Andalucía, indicaba la “ilegalidad” de la actuación llevada a cabo por el Servicio Andaluz de Salud. Más recientemente, el pasado 7 de abril, la Junta de Andalucía abonaba a las farmacias un total de 10,7 millones en concepto de “lucro cesante” por haberles privado durante años de estas dispensaciones.

Tensión entre profesionales

Nuevamente, según estimaciones de IQVIA, el 82 por ciento de estos medicamentos de DH que se dispensan actualmente en hospitales a pacientes ambulatorios son de administración oral, lo cual restaría argumentos al “especial control clínico” o singularidad en cuanto a forma farmacéutica y/o administración que recoge la citada resolución para justificar el cambio de canal.

Tanto esa ausencia de necesidad clínica, como los mayores perjuicios para el paciente —quien debe desplazarse hasta el hospital para obtener su medicación— han sido las líneas argumentales esgrimidas por los farmacéuticos comunitarios para reclamar la dispensación de buena parte de esos DH e innovaciones (también algunos biológicos). En el otro lado del debate se sitúa la farmacia hospitalaria, que considera que en la botica no existe contacto directo con el resto del equipo asistencial ni acceso a la historia clínica y, por ende, es difícil realizar atención farmacéutica especializada… Un debate entre farmacia comunitaria y hospitalario que en determinados momentos del pasado provocó diversas tensiones entre entidades profesionales.