En lo que respecta al tráfico ilegal de medicamentos, sean o no falsificaciones, lo lógico sería que fuesen aquellos que operan al margen de la ley los que tuviesen las manos atadas. Esposadas, en concreto. Pero, aunque parezca extraño, son los que se dedican a investigar y perseguir este mercado (los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) los que denuncian tener las manos atadas en su labor.
Así lo corroboraron los representantes de la Guardia Civil que participaron en la mesa “Medicamentos falsificados: situación legal”, celebrada en el marco de la 4ª Jornada Nacional de Distribución que tuvo lugar en Madrid. “Conseguir que haya condenas penales por tráfico de medicamentos sigue siendo muy difícil”, indicó Juan José García, cabo primero de la Unidad Técnica de Policía Judicial (Grupo de Investigación de Seguridad Social). Todo ello, conviene recordar, pese a la reciente reforma del código penal para endurecer los castigos y que no fuesen solo administrativos.
Según incidió este representante de la Guardia Civil, “a veces es más efectivo acusarles de crimen organizado que por delito contra la salud pública”. Asimismo, otras de las trabas que encuentran radica en que “no es habitual” que se les autorice los pinchazos telefónicos o bien, si se les concede por el juzgado de Instrucción, “posteriormente los juzgados penales suelen desestimar estas pruebas”.
Según cálculos de la propia Guardia Civil, solo pueden atajar “en torno al 10 por ciento” de todo el tráfico ilegal de medicamentos que se mueve en España.
