Controlar la pandemia

“Una preocupación común entre las entidades farmacéuticas de todo el mundo es la viabilidad financiera a largo plazo de los servicios profesionales prestados por los farmacéuticos. Estas preocupaciones son consecuencia principalmente del impacto de los continuos recortes de precios y márgenes en la dispensación de medicamentos y la no asignación de fondos en muchos entornos para la prestación de servicios profesionales”.

Con estas palabras, Paul Sinclair, presidente de la Sección de Práctica Farmacéutica de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), entidad que representa a 4 millones de profesionales, ha presentado una nueva Declaración política de esta organización (que representa a más de millones de profesionales) en la que se insta a los Estados a poner el foco en nuevos modelos retributivos “sostenibles a largo plazo” para la farmacia comunitaria. En un pasado informe de esta Federación se concluía que en una amplía mayoría de países los servicios profesionales eran sufragados “por el bolsillo” de los propios farmacéuticos.

En esta Declaración, adoptada por las 151 organizaciones nacionales miembros de la FIP en 108 países y territorios (entre ellos España, a través del CGCOF) también hay ‘deberes’ para la propia profesión. En concreto, la FIP recomienda que los servicios farmacéuticos, alineados con los objetivos generales de los sistemas sanitarios de cada país, tengan sus propias definiciones, metas, procedimientos y sistemas de documentación y registro, a fin de que esta homogenización facilite su evaluación y remuneración, garantizando su universalidad, continuidad y sostenibilidad.

Paul Sinclair (FIP)

“Un modelo retributivo exitoso es aquel que promueve la prestación sostenible de servicios profesionales farmacéuticos. Estos deben integrarse en estrategias más amplias dentro de los sistemas sanitarios y, por tanto, formar parte de planes de financiación”, apunta Sinclair. “La COVID-19 ha demostrado lo importante que es la farmacia para el cuidado de la salud. Los gobiernos y decisores sanitarios deben reconocer que la viabilidad de la profesión farmacéutica es un problema para el sector sanitario en general y la sociedad en su conjunto”, añade.